Oviedo, Eduardo GARCÍA

Hoy habrá espectáculo doble en el auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo. Dentro, a partir de las seis y media, el consejero de Educación invita a una gala de celebración de los 10 años de transferencias educativas. Fuera, una hora antes, los tres sindicatos opositores, Suatea, Comisiones Obreras y CSIF, van a montar una pitada para recordar «diez años de incompetencias». Los tres sindicatos habían preparado una carta al ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Se había corrido el rumor de que Gabilondo se sumaba a la fiesta, pero no habrá visita ministerial, que se sepa.

La presentación de la pitada y otros ruidos sirvió ayer para confirmar que los sindicatos aseguran haber recibido unos primeros informes jurídicos favorables para tratar de defender la inconstitucionalidad de la recién aprobada ley de la Evaluación Docente. «Pero es un procedimiento muy complejo», recordó la presidenta de la junta de personal docente en Asturias, Beatriz Quirós. Complejo, incierto y para largo.

A falta de los dictámenes judiciales definitivos, los sindicatos basarán sus argumentos en el hecho de que la nueva ley conculca supuestamente el principio constitucional de igualdad, ya que, según estiman, no garantiza las mismas condiciones de salario por el mismo trabajo y responsabilidad docente.

El mismo argumento fue defendido por las referidas centrales sindicales en la asamblea que por la tarde se celebró en el salón de actos del IES Aramo, en Oviedo. «Quieren reeditar la evaluación del año pasado», alertó Quirós. Desde el público se pidió a los sindicatos una declaración «pública y unitaria» de que en ningún caso se va a negociar en el marco de la mesa sectorial un «reglamentín» de evaluación. Suatea contestó sobre la marcha: «esta ley es una basura, no vamos a colaborar». Luis Fernández León, de Comisiones, matizó, sin embargo, que la presencia de los sindicatos opositores en los marcos de negociación es importante: «así se lo ponemos más difícil».

El colectivo de profesores del Instituto Fernández Vallín, en Gijón, va a recurrir al Defensor del Pueblo contra la ley de Evaluación. Es un camino jurídicamente más sencillo y más barato. Muchos de los profesores que ayer asistieron a la asamblea se apuntaron a la iniciativa porque «cuantos más apoyos, mejor». Otro de los asistentes a la asamblea pidió que no se olvide la posibilidad del recurso ordinario inmediato a una ley calificada por el representante de Comisiones Obreras de «malvada y destinada a castigar».

El consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, se refirió ayer a la gala del 10º aniversario de las transferencias educativas «como un homenaje a toda la comunidad educativa» y añadió que «no va a ser un acto político ni está prevista la intervención de ninguna autoridad». Antes habrá entrega de premios a los alumnos más destacados del pasado curso y hasta se ha programado una actuación musical. El acto será retransmitido el domingo por la TPA.

El responsable de enseñanza de Comisiones Obreras en Asturias, Enrique Fernández, no tiene dudas al respecto: «Nuestro mensaje es no colaborar en esta fiesta mitin. Y si se puede boicotear, pues también», palabras que abren todo un rosario de posibilidades, sin concretar.

La carta al Ministro, ya que no podrá ser entregada en mano, será enviada al Ministerio con un amplio pliego de cargos: nula disposición a negociar por parte de la Administración, continuas sentencias perdidas en los tribunales por parte de Educación, una Consejería sin competencias «y el malestar que sigue creciendo en los centros educativos asturianos». La teoría se sostiene con las estadísticas, dicen los sindicatos, y Comisiones echó mano del peso de la Educación sobre el PIB regional en las diferentes comunidades autónomas.

«Estamos los penúltimos, sólo por delante de la comunidad de Extremadura». La Educación en Asturias se lleva -dicen- el 18,1% de nuestro PIB. Cantabria está en el 22%, Castilla y León, en el 21%, Madrid, en el 24 y la Comunidad Valenciana, en el 30%.