Oviedo, E. G.
Unas quinientas firmas de profesores asturianos van camino de la oficina del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. Le piden que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Evaluación Docente, aprobada por la Junta General del Principado el pasado 30 de diciembre.
El argumento es que conculca supuestamente el principio constitucional de igualdad. «La ley crea dos tipos de funcionarios docentes, los que cobran el incentivo por rendimiento y los que, por igual trabajo, no lo cobran porque en su día se negaron a firmar una evaluación de la que nada se sabía», explicaba ayer el abogado asturiano Carlos Álvarez Buylla con el pliego de solicitudes bajo el brazo y a las puertas de la Delegación del Gobierno, en Oviedo. Junto a él un pequeño grupo de profesores y sindicalistas de las dos centrales que asumen la intervención del Defensor del Pueblo como vía para desmontar la ley asturiana, SUATEA y CSIF. El tercer sindicato en discordia, Comisiones Obreras, parece decidido a tomar otros caminos jurídicos. El tridente sindical se tambalea, al menos a la hora de decidir la estrategia futura.
La solicitud al Defensor del Pueblo lleva una firma titular, la de un profesor asturiano, a la que se unen las adhesiones. La decisión de la oficina de Múgica tiene que producirse antes del 30 de marzo, último día para la presentación del recurso.
