Oviedo, P. R.

La ley de Promoción y Uso del bable/asturiano es plenamente constitucional, y el Principado deberá aceptar todos los escritos que se presenten en lengua asturiana. Así lo dictamina el Tribunal Constitucional en un auto que rechaza el recurso presentado por el magistrado Miguel Ángel Carbajo Domingo, del Juzgado de lo contencioso-administrativo de Asturias, que consideraba la «posible inconstitucionalidad» del apartado 2 del artículo 4 de la norma asturiana, en el que se dice que «se tendrá por válido a todos los efectos el uso del bable/asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado».

El magistrado había presentado el recurso en el año 2007, como respuesta a la demanda interpuesta por Xurde Blanco Puente, letrado titular del Servicio Jurídico del Principado, contra la Consejería de Presidencia, por vulneración de sus derechos fundamentales, al negarse la Administración a tramitarle dos solicitudes de permiso -ambas relacionadas con problemas de salud- por estar escritas en asturiano, lengua materna del jurista. El letrado amparaba su demanda en la ya citada ley de uso y en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias.

En su auto el Constitucional señala que «el precepto legal no atribuye a los ciudadanos el derecho a elegir la lengua de procedimiento, limitándose a imponer a la Administración del Principado la obligación de tramitar los escritos que los ciudadanos le dirijan en bable/asturiano». Y continua: «Contemplada la norma con otra perspectiva, su principal virtud consiste en privar de toda discrecionalidad a la Administración autonómica a la hora de aceptar las comunicaciones que reciba en esa lengua».

Xurde Blanco Puente no ocultaba ayer su satisfacción. Y tenía razones: «Para empezar, la ley de uso es plenamente constitucional, y eso es muy importante. En el auto el Constitucional deja claro que, al contrario de lo que sucede en las autonomías con lenguas cooficiales, en las que el ciudadano puede elegir en qué lengua quiere presentar y que le tramiten un escrito, en Asturias la lengua de procedimiento es el castellano, pero la Administración del Principado no tiene discrecionalidad para aceptar unos escritos sí y otros no, debe aceptarlos todos, independientemente de que los tramite y los resuelva en castellano. Y eso constituye un respaldo a mi derecho a presentar los escritos en lengua asturiana, algo que me negaban hasta este momento».

Xurde Blanco todavía no conoce en su totalidad la sentencia, sólo el avance del auto, que cuenta con un voto particular, el del magistrado Manuel Aragón Reyes.

El Gobierno regional valoró positivamente la sentencia. Consuelo Vega, directora de Política Lingüística, señaló que el Principado ya viene aplicando «ese precepto y ha admitido todas las comunicaciones ciudadanas en asturiano y ha dispuesto su traducción al castellano, a fin de que pudieran ser tramitadas desde el Servicio de Política Lingüística». No obstante, el Ejecutivo impedía a los empleados de la Administración autonómica utilizar la lengua asturiana en los escritos de carácter interno.

«Constituye un respaldo a mi derecho a expresarme en lengua asturiana»