Oviedo, Eduardo GARCÍA
Asturias cuenta con casi tres mil investigadores. No es una cifra para sacar pecho, pero estamos dentro de la media nacional, algo así como el 0,3% del total de la población. Universidad, empresas privadas y organismos públicos de investigación copan casi el cien por ciento de la comunidad investigadora asturiana.
La futura ley de Ciencia, que podría aprobarse en Consejo de Ministros pasado mañana, les interesa y muy mucho. El texto legal de la ministra Cristina Garmendia, que ha logrado el milagro de cierto consenso a su alrededor, va a cambiar el escenario de la investigación en España para dar, dicen sus promotores, una mayor estabilidad a los investigadores jóvenes. Las becas dejan paso a los contratos, además de perfilar la carrera profesional del investigador y de crear una agencia nacional de financiación, pensada para agilizar los trámites que tengan que ver con el dinero.
El principal «empleador» de los investigadores en el Principado es la Universidad. Casi dos de cada tres investigadores en Asturias tiene relación directa con la institución. La empresa, tanto la grande con departamentos investigadores propios como las pymes, podría agrupar, a falta de datos oficiales concretos, entre 500 y 700 personas, un colectivo muy atomizado y en ocasiones poco definido.
Quedan los organismos públicos de investigación. Se conocen como los OPI y dependen del Ministerio de Ciencia e Innovación. Son nueve, aunque a la mayoría tan sólo le suena el buque insignia, el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Para dar una idea de lo que supone el CSIC, tan sólo hay que recordar que tiene adscritos unos 140 centros investigadores en toda España, algunos de enorme envergadura.
En Asturias tenemos tres: el Instituto Nacional del Carbón (INC), en Oviedo; el Centro de Investigación de Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), en Llanera, y el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA), en Villaviciosa. Reúnen a más de 200 trabajadores, de los que casi dos terceras partes son titulados superiores.
Tres centros no son muchos en el contexto nacional, pero la representación del CSIC en Asturias no desentona en relación con otras comunidades de parecidas características, entre ellas las uniprovinciales. Así, Murcia, Navarra y La Rioja cuentan con un centro del CSIC por comunidad, y Cantabria, con dos. Castilla y León y Galicia, comunidades con más provincias y muchos más habitantes, tienen cinco y cuatro entidades dependientes del CSIC, respectivamente. Madrid cuenta con casi medio centenar de centros, mientras que Cataluña y Andalucía se acercan a los 25.
La cuarta conexión de los OPI españoles con Asturias tiene sede en Gijón. Es el Centro de Oceanografía, ubicado en la Casa del Mar, dependiente del Instituto Español de Oceanografía. Asturias, por otra parte, tiene cinco unidades asociadas a institutos y centros del CSIC, el Grupo de Física de Partículas, el de Microbiología, el de Metalurgia, el de Nuevos Productos en Tecnología de Alimentos y el de Química Organometálica. En todos ellos está presente la Universidad de Oviedo.
La mayoría de los actuales OPI, el núcleo duro del sistema público de investigación científica y desarrollo tecnológico del país, fueron creados entre 1939 y 1971, aunque fue la ley de Ciencia de 1986, la misma que ahora está a punto de desaparecer, la que los ha regulado.
Los cinco OPI históricos, junto a los ya nombrados CSIC e Instituto Oceanográfico, son el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA) y el Instituto de Salud Carlos III. A estos históricos centros investigadores se han unido el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y el Canal de Experiencias Hidrodinámicas. En la mayoría de los casos, Asturias está al margen, salvo como participante de proyectos puntuales, como ocurre con alguna frecuencia con el Instituto Carlos III.
La futura ley de Ciencia tendrá repercusión directa sobre un número no definido de becarios que trabajan bajo el paraguas de la Universidad de Oviedo. El vicerrector de Investigación, Santiago García, los calculaba días atrás en seiscientos, con estimaciones quizá demasiado generosas.
El caso más frecuente de investigadores jóvenes en el entorno de la Universidad es la ayuda mixta: dos primeros años con una beca y los otros dos años con un contrato laboral. Ahora, con la nueva ley de Ciencia que se avecina, se prevé la puesta en marcha de un contrato predoctoral de cuatro años de duración.
