Madrid / Oviedo,

E. G. / Agencias

Apenas 24 horas después del rapapolvo de los científicos españoles, el Consejo de Ministros hizo piña ayer en torno a la ministra Cristina Garmendia para aprobar el anteproyecto de ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que ahora inicia su trámite parlamentario.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, portavoz del Ejecutivo, acompañó a Garmendia para defender ante los periodistas un texto que ha generado críticas rotundas por parte de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), de la que es miembro destacado el matemático asturiano Juan Luis Vázquez y que agrupa a más de treinta mil investigadores de todo el país.

La futura ley de la Ciencia será, junto con la ley de Economía Sostenible, «clave» para construir un nuevo modelo productivo, más sostenible y estable a largo plazo, según la ministra de Ciencia.

Una ley «con marcado carácter reformista y vanguardista», dice ella. Una ley voluntarista y llena de buenas intenciones sin concretar, alegan los científicos, a los que les salió ayer un aliado no demasiado cómodo, el PP, partido que pedirá explicaciones a la Ministra en el Pleno del Congreso del próximo miércoles, por el hecho de que su departamento haya dejado de ejecutar el 22,4 por ciento de su presupuesto, lo que supone 1.500 millones de euros, dinero que hasta el momento se desconoce dónde está. El PP se hace eco así de la denuncia formulada anteayer por la COSCE, confederación de científicos a la que no aludió ayer, ni directa ni indirectamente la Ministra del ramo.

No faltaron las alabanzas a la ley por parte de Garmendia: consolidación de España como novena productora científica en el mundo (en cantidad, porque en calidad España se queda en el puesto decimonoveno), construcción de un nuevo modelo productivo, mayor participación del sector privado en la investigación, mayor conexión con el tejido empresarial, facilitar la movilidad... Toda una declaración de intenciones. El problema está en que las buenas palabras -así, en etéreo- no convencen a los científicos, cuyos portavoces, Joan Guinovart, Vázquez y José Molero, aseguraban en su documento crítico que la estabilidad del sistema de la ciencia en España puede peligrar a partir del próximo año.

Pero también hubo ayer cosas concretas que Garmendia se preocupó de enfatizar. La Ministra asegura que con la nueva ley, si es que prospera, la edad media para que un científico acceda a un puesto fijo en un centro de investigación será de 34 años, cinco menos que ahora. La nueva ley va a definir la «carrera científica», que pretende ser -dijo Fernández de la Vega- más estable, basada en méritos y suficientemente atractiva para atraer y retener el talento.

La ley, explicó la Ministra, favorecerá la movilidad entre universidades y organismos científicos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y también del sector público al privado. Para tratar de captar científicos extranjeros, el nuevo texto prevé un nuevo contrato especial para investigadores distinguidos.

El proyecto legislativo está llamado a sustituir a la ley de Ciencia de 1986, un texto que cumplió un papel clave en la modernización de la investigación española. Cristina Garmendia se refirió a los cambios que se han producido en España durante estos últimos quince años, y a la necesidad de actualizar el marco normativo.

Citó en ese sentido la consolidación de sistemas autonómicos de I+D+i, la multiplicación del número de investigadores, el crecimiento de los recursos que se dedican a la investigación y la integración en el espacio europeo.

Los dos principales sindicatos del país, UGT y Comisiones Obreras, coincidieron ayer en que el texto, tal y como está redactado y pasó por el Consejo de Ministros, «no contaría» con su apoyo, pero esperan acontecimientos, es decir, cambios en los diferentes estadios que deberá pasar en el Congreso y el Senado. Queda mucho camino por recorrer, y no fácil para la Ministra.

«Los investigadores tendrán una carrera atractiva y estable, sin barreras a la movilidad»

<María Teresa F. de la Vega >

Portavoz del Gobierno

«La gestión de los recursos será más ágil, flexible, estable y eficiente»

<Cristina Garmendia >

Ministra de Ciencia