Oviedo, E. F.-P.
Los trabajadores del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) notificaron el año pasado 267 agresiones, tanto físicas como verbales. Más de la mitad, el 54 por ciento, fueron amenazas y el 27 por ciento insultos, y las víctimas preferidas de los agresores fueron mujeres: más del 80 por ciento de las agresiones al personal sanitario iba dirigido a una mujer.
La mayoría de los agresores eligieron como diana el personal de enfermería y médico, según datos de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. En 2009, casi la mitad de las amenazas, insultos y agresiones físicas -103 en total- estuvieron dirigidos a auxiliares técnicos sanitarios y los médicos fueron objeto de 97 ataques, físicos o verbales. Las amenazas son lo más frecuente, la mitad de las agresiones recibidas por los enfermeros y tres cuartas partes de los ataques lanzados contra los médicos. De las ofensivas de los pacientes no se salva ningún estamento, sólo los fisioterapeutas, los odontólogos y los trabajadores sociales se libraron de las agresiones físicas, pero no de las amenazas e insultos.
De las 267 denuncias presentadas por el personal del Sespa, el 54 por ciento fue por amenazas, el 30 por ciento por insultos, el 15 por ciento agresiones físicas y el 4 por ciento fueron intentos de agresión. La cifra de agresiones fue muy similar, según la Consejería, a la del año anterior.
En cuanto a los agresores, la Consejería ha constatado que la inmensa mayoría de las veces el atacante es el propio paciente, en 216 de los casos. En el resto de las ocasiones son sus acompañantes.
Las agresiones no siempre acaban en los juzgados. El año pasado 35 trabajadores presentaron una denuncia judicial y 25 lo hicieron a través de los servicios jurídicos del Sespa.
En Asturias, la primera sentencia que dictamina que la agresión a un trabajador de los servicios de sanidad del Principado constituye un «delito de atentado» data de 2008 y desde entonces se han dictado otras ocho sentencias similares. Para atajar el problema, la Consejería de Salud ha puesto en marcha un plan de prevención de situaciones conflictivas, con cursos y asesoramiento sobre su cobertura legal.
