Sevilla / Oviedo,
Efe / J. A. A. / Europa Press
El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó ayer la primera norma autonómica de España que regula los derechos del paciente durante la última etapa de su vida y las obligaciones de los médicos que les traten, tanto en centros públicos como privados.
Mientras el PSOE e IU respaldaron los 33 artículos de la normativa, el PP votó en contra de tres de ellos, ya que defiende que los profesionales puedan acogerse a la objeción de conciencia y el «respeto» a la libertad individual y reclama una «clara» regulación de los comités de ética.
La denominada ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte regula la limitación del esfuerzo terapéutico, prohíbe el ensañamiento terapéutico y permite a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial. También da cobertura a la sedación paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos, aunque ello pueda «acortar su vida».
Quedan fuera del paraguas legal la eutanasia activa y el suicidio asistido, ya que la comunidad no tiene competencia para legislar esta materia tipificada como delito en el Código Penal. Tampoco regula la objeción de conciencia de los médicos porque, según los juristas del Consejo Consultivo de Andalucía, debe ser una ley estatal la que lo haga.
Entre tanto, en Asturias un total de 1.533 ciudadanos han solicitado ya el Registro de Últimas Voluntades, también conocido como «testamento vital», a la Consejería de Salud del Principado. La consejera portavoz del Ejecutivo asturiano, Ana Rosa Migoya, al ser preguntada sobre la nueva legislación andaluza, manifestó que «hasta este momento el funcionamiento del Registro de Últimas Voluntades ha sido positivo» y añadió que el mismo cubre la demanda y las expectativas de esta comunidad. Mediante el testamento vital, en vigor desde el 7 de mayo de 2008, los asturianos pueden manifestar anticipadamente los cuidados y tratamientos que desean recibir cuando ya no puedan tomar decisiones.