Aquellos que tuvimos la oportunidad de pasar una temporada excavando en el yacimiento arqueológico de la Campa Torres (Gijón), dentro de nuestras prácticas de arqueología universitarias, no éramos conscientes, debido a nuestra juventud, de la importancia del material que cada día de trabajo estábamos extrayendo con nuestras manos.

Ese material arqueológico revolucionó todo lo que sabíamos sobre los castros asturianos, ha centrado fuertes debates sobre el origen y la evolución de estos poblados fortificados, y se ha publicado en innumerables medios a nivel nacional e internacional.

Tampoco nos podríamos imaginar, años más tarde, que su codirector iba a centrar un debate más agrio y acientífico, como ha sido el «golpe de Estado» administrativo en el Museo de Grandas de Salime.

Independientemente del shock que nos ha producido a muchos de los que conocimos a Francisco Cuesta verlo subido al carro de heno socialista, y fuera de cualquier connotación personal hacia alguien cuyo trato con los que excavamos en la Campa Torres siempre fue correcto, era necesario sacar a la luz y denunciar un hecho lamentable que, sin embargo, parecía haber pasado desapercibido para aquellos que lo han nombrado, nada menos, que director de un museo. A costa de la cabeza del director, mejor dicho, fundador y director anterior como es Pepe el Ferreiro.

Durante la codirección del señor Cuesta de las excavaciones en el castro de la Campa Torres, el paradero de miles de piezas procedentes del yacimiento era todo un misterio. Tanto en el Museo Arqueológico regional como en el de la Campa Torres faltaba el material. Nada menos que de una década de excavaciones intensivas (1986-1996), reconociendo los directores de dichos museos esa ausencia.

Esa etapa de excavaciones coincidía con los sondeos clave para entender la evolución material del castro gijonés. Eso hizo que tanto yo como otros compañeros intentásemos acceder a las piezas a través del señor Cuesta, responsable administrativo de una devolución en condiciones del material que nunca se ha producido. El señor Cuesta nos comunicó personalmente entonces que dicho material había sido llevado a Cataluña y depositado en un domicilio particular, propiedad de uno de los directores. Nos negó tanto el acceso a dichos materiales como el derecho a ponernos en contacto con la familia del profesor Maya para intentar acceder a las piezas por nuestra cuenta.

El hallazgo de las 20.000 piezas ocultas en el búnker de la Campa Torres, en unas condiciones lamentables, supone, aparte de un acto de dejadez inadmisible, la necesidad de cuestionarnos aspectos clave que deben ser respondidos de urgencia por la misma Administración que ha nombrado al señor Cuesta director de un museo etnográfico en nuestra región.

¿Por qué no se le exigió desde la Consejería de Cultura al señor Cuesta, al igual que se nos exige al resto de los arqueólogos asturianos, la devolución en condiciones de todo el material de la Campa Torres?

¿Por qué la dirección del Museo Arqueológico regional no exigió su inmediato retorno sabiendo, además, que existe un museo bien gestionado en la Campa Torres donde podría depositarse todo el material?

Y lo que es igualmente importante, ¿existen más piezas en un domicilio particular de Cataluña, como nos dijo el propio señor Cuesta? Si esto es así, y dentro de esa exaltación de la mediocridad que supone nombrar a una persona no especializada en etnografía director del museo de Grandas, bajo el gran mérito de haber estado vinculado al PSOE en un barrio de Gijón, como bien denunció en su día el diputado regional del Partido Popular Alfonso Román, no me quiero imaginar lo que pasaría en Cataluña si yo me trajese a Asturias cientos o miles de piezas de un yacimiento catalán de gran importancia, y le negase a investigadores catalanes acceder a esa colección... Y lo que me resulta más imposible de plantearme es lo que sucedería si, pese a esa situación, la Generalitat me nombrase director de un museo de etnografía catalana para poder cortarle la cabeza a su fundador y director original.

Con la experiencia que tenemos respecto a cómo funciona el auténtico chiringuito del patrimonio histórico en Asturias, algún día hablaremos de los contratos directos. A sabiendas de que el señor Cuesta no es el único arqueólogo próximo a la Consejería que no ha devuelto el material de sus excavaciones. La destrucción documental que se puede haber producido en el búnker de la Campa por abandono es lo suficientemente grave para su inmediata destitución. O, bien, para que se promueva algún tipo de ley que en el futuro impida que se envíen fuera del museo grandalés o que se oculten algunas de las piezas del Museo Etnográfico de Grandas de Salime.