Oviedo,
Elena FERNÁNDEZ-PELLO
El Ejecutivo asturiano ha dejado para última hora la redacción y aprobación de la ley autonómica de igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género, un compromiso que el Presidente Vicente Álvarez Areces adquirió ya tarde, el pasado 8 de marzo, durante el acto institucional del Día de la Mujer en Luarca. Antes de que acabe el año, esa es su promesa, Asturias tendrá su propia ley de igualdad. Será, según la consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos, «una ley de consenso, participativa y que cuente con el movimiento asociativo». Pero no todos los implicados en su redacción son de la misma opinión y temen que la premura de como resultado una norma hueca, que no añada nada a la ley estatal y sin dotación presupuestaria que garantice su ejecución.
Eso es lo que sostiene el PP: «No hay tiempo ni voluntad política». Lo dice la diputada Inmaculada González y tan escéptica es sobre el futuro de esta iniciativa legislativa que apostilla: «Nosotros ya no estamos en eso».
En esto, los dos socios de Gobierno sí parecen estar de acuerdo, aunque de momento IU evita pronunciarse sobre el contenido de la propuesta inicial. La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, se refiere a ella como «una suma de coincidencias» entre las entidades implicadas en esta iniciativa. «Es un borrador de trabajo sujeto a debate y el compromiso político es que sea lo más consensuado posible», insiste.
Los sindicatos, que también participan en la redacción de la ley a través del Consejo Asturiano de la Mujer, tienen voluntad de sacarla adelante pero no se dan por satisfechos. «No se cumplen nuestras expectativas, lo que se plantea es una ley de igualdad muy en línea con la nacional», señala Ana Alonso, secretaria de la Mujer de CC OO. Al Consejo en el que esta semana el Gobierno presentó un primer borrador de la ley, las dos grandes centrales sindicales, CC OO y UGT, llevaron una propuesta conjunta. «Vamos a pelear para que la aprobación no se quede en una simple foto y para que sea una ley con contenidos», advierte Alonso.
Es, a su juicio, una ley «absolutamente necesaria» y su propósito es que, «a través de ella se impregne de igualdad toda la política del Principado». «Novedades hay pocas, pero se trata de consolidar lo que ya tenemos», dice, y con esto se refiere a reconocer por ley organismos como el Instituto Asturiano de la Mujer o la red autonómica de casas de acogida para víctimas de malos tratos. «¿Por qué necesitamos una ley autonómica? Porque el Principado tiene transferidas muchas competencias, en educación, salud, empleo...», observa. Entre las medidas que recoge el borrador de la ley, Alonso menciona las dirigidas a fomentar el equilibrio entre empleo femenino y masculino en la Administración o evitar el lenguaje sexista en las ofertas de empleo público, nada que no recoja ya la legislación estatal.
En cuestiones de igualdad y en el ámbito legislativo las autonomías tiene el terreno bien acotado. Benito Aláez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, observa que «la comunidad autónoma en el ámbito de sus competencias tiene la obligación genérica de dar desarrollo al mandato de igualdad real y efectiva que recoge la ley».
«No puede contradecir la ley estatal, puede desarrollarla en aquellos ámbitos que aquella no recoge y siempre dentro de sus competencias», añade. En cualquier caso, subraya, es «una decisión política». «Es un mandato general que pesa sobre los poderes públicos, sin decir cuándo ni con qué medios», puntualiza.
La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, María Fernández Campomanes, sólo sabe de una comunidad autónoma que haya promulgado su ley de igualdad con posterioridad a la estatal: la andaluza. El resto tiene leyes anteriores a 2007 lo que significa que Asturias también llega tarde en esto.
«La ley de igualdad y contra la violencia de género da soporte administrativo a un compromiso político», proclama Fernández Campomanes, una declaración que no se concreta en mucho más, por lo que dejan traslucir quienes participan en la elaboración de la ley, que en dotar de estatuto legal al Instituto de la Mujer o a la red de casas de acogida. «Eso significa que gobierne quien gobierne el Instituto tendrá presupuesto», explica, y que, agrega, su continuidad está garantizada, a menos que una nueva ley lo haga desaparecer.
Fernández Campomanes es de la opinión, en contraposición con los sindicatos, de que el desarrollo de la ley no es una cuestión presupuestaria. «Las actuaciones en políticas públicas no suponen costes adicionales sino una reorganización de la Administración, trabajar de manera distinta», indica. Queda suponer que la futura ley establecerá cuotas de representación femenina en la administración pública. Tampoco. «Eso ya lo fija la ley de igualdad estatal, que establece el principio de presencia equilibrada», objeta.
La consejera María José Ramos presentaba como gran novedad de la ley asturiana en proyecto el hecho de que vincule igualdad y violencia de género. En esta última materia, observa Fernández Campomanes, el Principado sólo tiene competencias en atención a las víctimas, a través de la red regional de casas de acogida.
«Será una ley de consenso, participativa y que contará con las asociaciones»
María José Ramos Consejera de Igualdad
«No puede contradecir la ley estatal, la puede desarrollar dentro de sus competencias»
<Benito Aláez >
Profesor de Constitucional
«Hay que reorganizar la Administración, trabajar de manera distinta»
<María Fernández Campomanes >
Directora Instituto de la Mujer
«No hay tiempo ni voluntad política para sacar adelante una ley de igualdad»
Inmaculada González Diputada del PP
«El primer borrador de la ley es una suma de coincidencias y está sujeto a debate»
Noemí Martín Consejera de Bienestar Social
