Oviedo,

Elena FERNÁNDEZ-PELLO

El consejero de Salud, José Ramón Quirós, fue ayer contundente al hablar sobre los desacuerdos entre las constructoras del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) -la UTE formada por Sacyr, San José y Sánchez y Lago- y Gispasa, la empresa pública promotora del complejo sanitario. No dudó en lanzar un ultimátum: «Deben poner sobre la mesa si quieren seguir o no adelante con los trabajos, no sería un inconveniente cambiar de constructora si es que la UTE (unión temporal de empresas) actual no se considera capacitada o con ganas de terminar la obra».

En ese caso, continuó José Ramón Quirós, «la Administración adjudicaría la obra lo más urgentemente posible y eso no generaría que se alargasen enormemente los plazos». Al contrario, observó, «los plazos se pueden alterar si demoramos la resolución de la negociación». Las palabras del Consejero y su actitud se corresponden con desacuerdos más graves que las «lógicas tensiones en un momento de negociación» que está dispuesto a reconocer.

Los empresarios, tal y como publicaba ayer LA NUEVA ESPAÑA, aseguran que las pretensiones de la Administración van más allá de una simple modificación del proyecto y «la alteración sustancial del proyecto inicial» es una de las causas de rescisión del contrato. Quirós niega tajantemente que se hayan incorporado nuevos edificios al complejo hospitalario de La Cadellada. «Si como obra nueva se entiende cambiar un tabique, sí, la hay; si significa que estamos encargando edificios nuevos, es rotundamente falso», eso fue todo lo que admitió. Comentó que, por ejemplo, se ha modificado el proyecto para incluir un área de partos «menos intervencionista, más natural», que requiere espacios más amplios y diáfanos y, por consiguiente, requiere el desplazamiento de algunos tabiques, «pero ningún edificio nuevo».

Las diferencias entre las constructoras del Hospital Universitario y la Consejería de Salud se traducen, en términos monetarios, en unos 35 millones de euros. Las empresas Sacyr, San José y Sánchez y Lago piden alrededor de 60 millones por las modificaciones incluidas en el proyecto y la Administración, que no tolera que se hable de obra nueva, no está dispuesta a pagar más de 25. Cuando el plazo de ejecución establecido por contrato -58 meses- ya ha expirado, quedan por acometer obras por un valor del 30 por ciento del total del presupuesto inicial.

Los cambios incluidos por Gispasa responden, según la Administración, a demandas de los propios médicos o requerimientos tecnológicos impredecibles en el momento en que se redactó el proyecto.