Madrid / Oviedo, Efe / P. Á.

La rebaja del sueldo de los médicos intensificará el déficit de profesionales en España, advirtió ayer la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), ante el anuncio de ayer del presidente del Gobierno relativo al recorte del salario de los empleados públicos.

«Hoy más que nunca muchos compañeros sopesarán la posibilidad de aceptar las ofertas de países donde se nos retribuye mejor», declaró el secretario general de la CESM, Patricio Martínez. Actualmente, se estima que unos 8.000 facultativos españoles están trabajando en otros países europeos, donde se valora mucho su cualificación profesional.

La medida «no ha sorprendido» a la CESM, aunque no por ello deja de considerarla «injusta» pues, entre otras consecuencias, tendrá el efecto de «intensificar el déficit de profesionales en la sanidad pública». Según la organización (que en Asturias está representada por el SIMPA), la demanda continúa siendo fuerte, por lo que los sindicatos médicos temen que «la tentación de hacer las maletas sea mayor en el próximo futuro».

Los dirigentes de la CESM subrayan que el sueldo de los médicos españoles viene a ser el 40 por ciento de lo que cobran como promedio sus colegas de países como Reino Unido, Francia o el área escandinava, por citar sólo algunas zonas de las que continúan llegando ofertas de trabajo.

La confederación alega que el porcentaje de PIB que España dedica a la sanidad está dos puntos por debajo de la media de los países europeos, lo cual contribuye a intensificar la percepción de la CESM de que la decisión gubernamental es «desafortunada e injusta». «Lo cierto es que lo veíamos venir, tras las medidas de recorte de la masa salarial pública llevadas a cabo en países como Irlanda o Grecia a instancias de las fuertes presiones ejercidas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional», señaló Martínez.

Las dudas sobre la ejecución de la medida «son muchas», indicó el dirigente de la CESM. Por ejemplo, critica que no se sepa si el recorte va a afectar sólo a las retribuciones fijas o también a los complementos, que suponen en muchos casos más del 50 por ciento de las nóminas. Y que se desconozca hasta qué punto las comunidades autónomas, de las que depende la política de personal, se sentirán obligadas a seguir las pautas marcadas por la Administración central.