Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

Treinta y seis millones de euros más y ocho meses adicionales de plazo. Éstos son los datos esenciales del «principio de acuerdo» que el Gobierno regional ha alcanzado con las empresas que construyen el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para afrontar el segundo modificado de la infraestructura.

Jaime Rabanal, consejero de Economía del Principado, fue el encargado de anunciar un pacto «que tendremos que desarrollar formalmente a lo largo de las próximas semanas». La cifra acordada para este segundo sobrecoste situará en 295,8 millones de euros la factura del edificio y en 486,4 millones el importe global del macroproyecto. Los dos sobrecostes totalizan 90,5 millones de euros: un 44 por ciento por encima del precio de adjudicación y un 10,8 por ciento por encima del importe de la licitación.

En cuanto a los plazos, el pliego de condiciones estipulaba un máximo de 72 meses para ejecutar las obras, pero la UTE se comprometió a concluirlas en 54. El reloj echó a andar el 6 de junio de 2004. El primer modificado añadió 4 meses y este segundo 8 meses más, lo que deja el período total de ejecución en 66. Las obras deberán estar terminadas el próximo 7 de diciembre. El titular de Economía se manifestó «razonablemente satisfecho» con los términos del acuerdo y subrayó que la financiación está garantizada.

El modificado incluye la demolición del edificio del antiguo Hospital Psiquiátrico que se pensaba conservar -pretensión que se ha revelado como inviable por el mal estado de su estructura- y la construcción de una réplica exacta. Este cambio de planes sobre el emblemático edificio había llevado a los responsables de las constructoras a argumentar que el modificado no constituía un simple cambio de diseño, sino obra nueva que incluso requería edificios no previstos anteriormente. El Gobierno regional negó días atrás, por activa y por pasiva, que pueda hablarse de un nuevo edificio, y ayer Rabanal volvió a negarlo.

El Consejero reiteró que las obras pueden estar terminadas antes de que concluya 2010 y aventuró que en unos seis meses más podría estar en funcionamiento el nuevo Hospital Central en los terrenos de La Cadellada. El anuncio de Jaime Rabanal parece poner fin a varios meses de tensiones entre Gispasa (empresa pública que impulsa la construcción del HUCA, y de la que el consejero de Economía es presidente) y la unión temporal de empresas integrada por Sacyr, San José y Sánchez y Lago. En el tira y afloja de este segundo sobrecoste, las constructoras reclamaban inicialmente unos 60 millones de euros y el Principado aseguró que no estaba dispuesto a ir más allá de los 25 millones. Al final, ambas partes han hecho cesiones.

Rabanal indicó que este segundo modificado tenía como objetivo «mejorar y actualizar el proyecto» y viene a demostrar «la apuesta del Gobierno del Principado por potenciar un servicio público de salud de calidad, incluso en tiempos de crisis». El Consejero detalló las razones de los principales cambios introducidos en el diseño precedente: «La adecuación a nuevas normativas sanitarias, la ampliación de la cartera de servicios que ofrecerá el Hospital, la mejora de las comunicaciones debida a las innovaciones tecnológicas y la ejecución del anillo hospitalario». La nueva configuración, precisó, optimizará las prestaciones de un complejo hospitalario «que se ha convertido en una referencia de las obras sanitarias en España».

Si Rabanal se manifestó «razonablemente satisfecho» con el acuerdo alcanzado, el PP se mostró alarmado ante lo que considera «un escándalo de gran magnitud», en palabras de su portavoz sanitario, Carlos Galcerán. A juicio del diputado popular, el nuevo modificado de 36 millones de euros sitúa el sobrecoste en «un 45 por ciento», lo cual significa que «estamos ante una obra nueva».

Galcerán se pregunta «dónde queda el plan funcional, en el que trabajó tanta gente, y dónde queda el proyecto inicial». Y añade un argumento: «Si esos más de 15.000 millones de pesetas de sobrecostes se hubieran gestionado correctamente no tendríamos que hablar ni de congelación de las pensiones ni de recorte del sueldo de los funcionarios».

El portavoz del PP señaló que hoy comparecerá en la Junta General del Principado el gerente de Gispasa, quien deberá explicar este segundo sobrecoste ante la comisión parlamentaria creada para fiscalizar las obras. «En función de lo que nos cuente decidiremos llevar el asunto a la fiscalía y a la Sindicatura de Cuentas», indicó Galcerán.

Entre tanto, Diana Camafeita, diputada de IU-BA-LV en la Junta, cuestionó «la forma y el fondo» del nuevo modificado y añadió que «no es asumible un nuevo modificado por valor de 36 millones de euros».