Oviedo / Madrid, Pablo ÁLVAREZ / Efe

El recorte de gastos aplicado por el Gobierno central tiene muy preocupados a los boticarios españoles. Y los asturianos no sólo no constituyen una excepción, sino que han lanzado un mensaje de alerta que seguramente no conoce precedentes en el Principado. La viabilidad de las farmacias más modestas de la región está «en riesgo», sostiene José Villazón, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Asturias. Y añade que «un ajuste de esta dureza» también pone en entredicho «el mantenimiento del empleo y las inversiones» en el conjunto de las oficinas de farmacia de la región (un total de 457).

Estas consideraciones de Villazón tienen como referente «las cuatro bajadas masivas de precios» de los medicamentos que el Ejecutivo de Zapatero ha aplicado en lo que va de 2010. Según el presidente de los boticarios asturianos, estas medidas sucesivas, encaminadas a reducir el gasto público en medicamentos, «supondrán un descenso en nuestra facturación de más de un 15 por ciento».

José Villazón se pronuncia en estos términos en una carta circular que ha enviado a todos los farmacéuticos colegiados de la región. La misiva recoge unos datos que los boticarios valoran como muy amenazantes para el presente y el futuro de su sector. Datos que hoy serán difundidos en una conferencia de prensa.

Además, el presidente de la corporación farmacéutica anuncia a sus colegas que solicitará una reunión urgente con la Consejería de Salud y los portavoces de sanidad de la Junta General del Principado con el fin de trasladarles un mensaje esencial: las boticas asturianas «ya no pueden soportar más medidas de este tipo», toda vez que el sector «ya ha entregado todo lo que podía y más aún».

Los boticarios asturianos no son una excepción. La presidenta del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Carmen Peña, afirmó ayer que el Real Decreto-Ley de reducción del déficit público que obliga a las farmacias a rebajar el precio de venta al público de los medicamentos el 7,5 por ciento a partir del 1 de junio reducirá el margen de beneficio bruto de las farmacias y destruirá entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo en estas oficinas.

Según Peña, esta nueva norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado lunes y que incluye a todos los medicamentos -salvo los genéricos y los afectados por precios de referencia-, tendrá «un impacto directo y grave sobre las farmacias y en especial sobre las más vulnerables». Las estimaciones del Consejo indican que el Real Decreto reducirá en 230 millones de euros el beneficio bruto de las farmacias, el 7,7 por ciento, entre el 1 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.

Al igual que José Villazón, Carmen Peña hizo énfasis en que «llueve sobre mojado», ya que la norma se suma al Real Decreto Ley sobre genéricos, aprobado por el Gobierno el pasado marzo, cuyo impacto económico rondará los 248 millones, el 8,4 por ciento menos de beneficio en el mismo periodo. Ambas medidas -precisó- reducirán el beneficio de las farmacias un 16 por ciento, lo que tendrá consecuencias sobre estas oficinas que son «pilares del estado de bienestar» pero que están «llegando a su límite» y que pronto empezarán a «prestar servicios con problemas y a rebajar en inversiones, prestaciones y puestos de trabajo».

Carmen Peña explicó que, de las 21.000 farmacias que funcionan en España, prácticamente un 30 por ciento disfrutan de grandes facturaciones y otro 34 por ciento son de tamaño mediano. Pero el 36 por ciento restante -unas 7.000 oficinas- son tan pequeñas que verán comprometidas su viabilidad económica con estas medidas, indicó la presidenta nacional, quien agregó que estas boticas de menor tamaño facturan unos 21.000 euros mensuales de media de los que obtienen unos 2.100 euros de beneficios que, tras la aplicación de estos reales decretos, se reducirán a los 1.200 euros, es decir, «la mitad». La consecuencia directa es que muchas de ellas, sobre todo las situadas en áreas rurales, tendrán que cerrar, por lo que los usuarios perderán «accesibilidad» a los medicamentos y al sistema sanitario que, en muchos casos, está representado por una farmacia.

Oviedo, P. Á.

«Los recursos son muy limitados, y vosotros tenéis un compromiso con el paciente; pero, por encima de todo, tenéis un compromiso con la sociedad». La nueva hornada de médicos está llegando estos días a los centros sanitarios bajo el signo de la austeridad. Bajo las premisas de que «no podemos permitirnos ninguna alegría económica, porque han pasado las épocas en que los recursos se estiraban», y de que «tenemos que ser muy responsables» en el uso de los fondos disponibles.

Así lo pudieron comprobar ayer los casi cien médicos internos residentes (MIR) que se han incorporado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), con la pretensión de convertirse en especialistas. Mario González, actual gerente del complejo sanitario, les dirigió las palabras que encabezan estas líneas. El mensaje está justificado, pues el Hospital Central supone a las arcas públicas del Principado la astronómica cifra anual de 426,1 millones de euros (1,1 millones de euros al día). Sólo el capítulo de personal se lleva 272,3 millones.

González expuso a los nuevos residentes estas cifras y muchas otras en el transcurso de una conferencia en la que explicó con detalle todo lo concerniente al nuevo HUCA que se está construyendo en los terrenos de La Cadellada.

El gerente indicó que el edificio dispondrá de «una arquitectura y un equipamiento al más alto nivel de Europa». Acerca del equipamiento, precisó que supondrá una inversión próxima a los 100 millones de euros, una cuantía que pemitirá que un 80 por ciento del mobiliario y el aparataje del futuro recinto sea nueva (el resto será trasladado desde el actual edificio). Para dar una idea de la magnitud del proyecto, indicó que el futuro HUCA «generará anualmente un movimiento de unos cuatro millones de personas». Dicho de otro modo, cada asturiano pasará, de media, cuatro veces por el buque-insignia de la sanidad pública asturiana. Un hospital, por cierto, que funcionará «sin papeles».

Pero Mario González también admitió la existencia de «problemas», como el provocado por las excesivamente largas estancias de los pacientes. Los enfermos del Hospital Central permanecen ingresados un promedio de 9,1 días, un dato muy elevado si se lo compara con los registrados en otros centros hospitalarios de similares características. En la reducción de esta cifra «tenemos que implicarnos todos, desde los residentes de primer año hasta los directores de las áreas de gestión clínica». Sobre estos últimos -figura de reciente creación- enfatizó que sus nombramientos son temporales y sujetos a los resultados que obtengan.

El gerente del Central se refirió en varias ocasiones a los plazos del traslado al nuevo hospital. En la primera, indicó que se llevará a cabo «en un año, año y medio o dos años». En el resto del discurso, prevaleció la expresión «en año y medio», que parece congruente con el objetivo del Gobierno regional de que la construcción de la infraestructura esté concluida a finales de este año.