Oviedo, P. RUBIERA
José Luis Vega, director general de Patrimonio de la Consejería de Cultura, considera que en lo sucedido en la Campa Torres de Gijón «no hay que buscar culpables, sino soluciones». Vega afirma respetar el decreto de la Fiscalía en el que se dictamina que el hallazgo de restos arqueológicos en mal estado en un búnker de la Campa constituye un delito tipificado en el Código Penal, aunque prescrito por el tiempo transcurrido. Y defiende a quien era entonces director de la excavación y, según el dictamen jurídico, «máximo responsable» de lo ocurrido, Francisco Cuesta, en la actualidad director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime.
«Creo que al final no hay nadie culpable. Estamos dando por hecho que Francisco Cuesta metió los materiales en el búnker, habría que preguntarle a él. Sigo pensando que todo forma parte de una campaña de acoso y derribo contra su persona», señala.
El Partido Popular solicitará el próximo mes de septiembre, coincidiendo con la apertura del nuevo período legislativo, una comisión de investigación sobre lo sucedido, con el objetivo de depurar responsabilidades políticas y administrativas. Tanto los populares como IU, socio de gobierno del PSOE, coinciden en subrayar que el claro pronunciamiento del fiscal exige la adopción de medidas por parte de Cultura. «No se puede premiar al autor de un delito contra el patrimonio con la dirección de un museo», manifestó el pasado jueves el diputado popular Alfonso Román López. «Lo que estamos viendo es que un comportamiento negligente con respecto al patrimonio asturiano ha sido premiado con la dirección de un museo», señaló la diputada de IU Diana Camafeita.
«No nos gusta judicializar la vida política», asegura José Luis Vega, quien subraya que la Consejería de Cultura ha colaborado con la Fiscalía y «estamos a su disposición». En el caso de que se apruebe en la Junta General la creación de una comisión de investigación «ofreceremos también nuestra colaboración, como no podía ser de otra manera. Creo que ahora lo que debemos hacer es buscar soluciones para poder mantener ese material hallado en mejores condiciones».
José Luis Vega, que insistió en que Cultura no tuvo conocimiento del hallazgo hasta el pasado 14 de abril -los restos se encontraron en marzo de 2009-, afirmó que el Consejo de Patrimonio ha mantenido en los últimos dos años cuatro plenos, tal y como manda la ley, en los que se han dictaminado 76 expedientes. La próxima reunión será en noviembre y, de momento, ya hay 15 asuntos sobre la mesa. «La misión del Consejo es estudiar planes y proyectos relacionados con el patrimonio histórico-artístico que requieren autorización por parte de la Consejería», explicó. Cree Vega que el PP olvida que también funciona una comisión permanente, «que se ha reunido en veinticinco ocasiones y ha dictaminado más de mil expedientes. El 12 de agosto volverá a reunirse para estudiar veintidós asuntos. Por primera vez en mucho tiempo tenemos los asuntos al día».
La Consejería de Cultura, según José Luis Vega, trabaja también en el desarrollo del reglamento de la ley de Patrimonio. «Estamos trabajando en ello desde 2008, ya se han elaborado informes que deberá ver el Consejo de Patrimonio antes de presentarlos a la Consejera. Yo creo que para finales de año podía estar listo».
