Madrid, Efe
El Gobierno central aprobará a principios de septiembre el proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición, un texto que, entre otros aspectos, limitará la venta de productos alimenticios en los colegios cuando no cumplan determinados criterios saludables. El anuncio fue realizado por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en el marco de un análisis general de los retos de su departamento para el tramo final de la legislatura. Jiménez aseguró que no se planea abandonar «de inmediato» el Ministerio si resulta elegida candidata por el PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid tras las primarias que disputará con Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños.
Entre los retos que se marca para los próximos meses, Jiménez citó la ley de seguridad alimentaria, que prevé mecanismos para reforzar la coordinación en esta materia con las comunidades autónomas, con el fin de mejorar el control de la calidad y la seguridad de los alimentos, y que incidirá en aspectos como la nutrición infantil y la calidad de vida. La Ministra explicó que el nuevo texto incide también en los códigos de autorregulación del sector que ya se han implantado durante los últimos años y en los que se definirán los límites a la publicidad que perciben los niños sobre determinados alimentos, así como los límites de determinados componentes en las escuelas, para evitar que los menores realicen un consumo abusivo de un tipo de productos.
El texto también establece unos límites nutricionales básicos con respecto a los alimentos que se expenden en los centros públicos no universitarios a través de máquinas o cafeterías. El acuerdo alcanzado entre el Ministerio y las comunidades incluye que se vayan a dejar de vender aquellos productos envasados, bien sean de bollería industrial o chucherías, que presenten un «alto contenido energético». Por tanto, desde el Ministerio de Sanidad se puntualiza que lo que está en cuestión no es el «clásico bocadillo, sino otro tipo de productos».
Una vez conocidas las intenciones de Jiménez, el consejero de Salud del Principado, Ramón Quirós, aseguró que las autoridades sanitarias de la región ya trabajan desde hace más de dos años en una estrategia contra la obesidad infantil y para la promoción del ejercicio físico. Estas actuaciones han permitido que el Principado tenga una tasa de niños con sobrepeso por debajo de la media española. Es mas, según indicó Quirós, son muy pocos los centros educativos públicos asturianos que disponen de máquinas expendedoras de bollería como la que ahora se quiere eliminar.
Respecto a la posibilidad de acudir a mecanismos extraordinarios, como el denominado copago para financiar determinados servicios sanitarios, la Ministra lo da por descartado y asegura que una opción de estas características no es «equilibrada, justa ni eficiente», porque la cantidad de dinero que se recaudaría sería «muy pequeña» para el fin que se pretende, el de «asegurar la sostenibilidad del sistema nacional de salud». Frente a medidas de este tipo -defendida desde algunas comunidades autónomas entre ellas Asturias, aunque con matices- Trinidad Jiménez destacó el «esfuerzo» que ha hecho ya el Ministerio de Sanidad por la austeridad y la contención del déficit público. A este respecto, aseguró que las medidas que se han aplicado en el sistema nacional de salud contribuyen a esa reducción, con un ahorro de 4.600 millones de euros, y que las que se han puesto en marcha en el sector farmacéutico supondrán otros 3.000 millones anuales.
