París, Efe

Curtido en la defensa de los derechos humanos, el intelectual francés Bernard-Henri Lévy tiene ahora dos frentes abiertos: abolir la lapidación en el mundo y «parar» las expulsiones de gitanos en Francia, fruto del «oportunismo político» del presidente francés, Nicolas Sarkozy.

«¡Hay que pararlos!», afirma con determinación BHL (como se le conoce en Francia, por las siglas de su nombre) en una entrevista con «Efe», con motivo de su presencia en España (participó ayer en el Hay Festival de Segovia).

La expulsión de gitanos rumanos y búlgaros del territorio francés es un asunto «indigno» y «escandaloso», para Lévy, quien ha puesto su energía y su tirón mediático para que la opinión pública francesa se conciencie y «se rebele» contra esa política de Sarkozy, de su primer ministro, François Fillon. «¡Hay que pararlos!», insiste.

Con ese objetivo y con el lema «¡No toques mi nacionalidad!», en alusión a una propuesta en trámite parlamentario para retirar la nacionalidad para quienes se hubieran naturalizado franceses en los últimos diez años y hubieran cometido ciertos delitos, en particular contra policías y gendarmes, Lévy ha convocado, junto a SOS-Racismo y el diario «Libération», una gran concentración mañana en París.

«Es muy importante que la opinión publica se rebele para que el poder dé marcha atrás», dice.

Añade que es necesario defender el «modelo nacional francés basado en el derecho de suelo, la generosidad hacia los extranjeros y el principio de que no se mira la etnia. No podemos permitir que se destruya ese modelo». A juicio de Lévy, Sarkozy se ha metido «en las tierras del (ultraderechista) Frente Nacional».

Y resume: el presidente francés ha cometido tres errores. El primero, «estigmatizar» a los gitanos; el segundo, lanzar la idea de quitar la nacionalidad, pues el Estado francés no se puede convertir en «una máquina de convertir apátridas», y tercero, decir que Francia estaba «en guerra» contra los delincuentes, ya que «un Estado democrático no hace la guerra».

Lévy ha emprendido una batalla en favor de la iraní Sakineh Mohammadi Ashtiani, pendiente de revisión judicial en su país del caso que la acusa de adulterio y colaboración en el asesinato de su marido.