Oviedo, Eduardo GARCÍA

«El proceso de evaluación docente, al que calculo que se someterán entre ocho mil y nueve mil profesores, se iniciará en octubre».

Lo decía el consejero de Educación, Herminio Sastre, en agosto pasado, nada más tomar posesión de su nuevo cargo en sustitución de José Luis Iglesias Riopedre.

Las primeras previsiones educativas que saltan por los aires. El proceso lleva muchas semanas en el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, órgano jurídico presidido por Bernardo Fernández y que cuenta entre sus cuatro vocales con el ex presidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio.

Fuentes sindicales del sector educativo asturiano aseguran que el texto de la evaluación docente, consecuencia de la ley de Evaluación e Incentivos al profesorado aprobada en la Junta General del Principado el pasado mes de diciembre, está creando no pocos problemas de adecuación al derecho. La segunda alternativa es más prosaica: no hay un euro para poner en marcha una evaluación que será aprobada por la inmensa mayoría de los docentes asturianos y que supondrá unos incentivos entre 2.200 y 2.600 euros al año. Así que cuanto más se retrase el proceso, más se retrasarán también los pagos por parte de la Administración.

El asunto de la evaluación docente motivó uno de los encontronazos entre la oposición parlamentaria y el consejero de Educación en la comparecencia en Comisión de esta semana. «¿Por qué tarda tanto el Consejo Consultivo?», preguntó el diputado regional Emilio Rodríguez, quien se teme que «el proceso, lleno de chapuzas», no haya terminado aún.

Sastre negó lo de las chapuzas y se remitió al calendario inexcusable. El dictamen del Consejo Consultivo, órgano con sede en Gijón, es imprescindible para que la normativa de la evaluación docente pueda ser estudiada y previsiblemente aprobada por el Consejo de Gobierno del Principado y, después, publicada en el «Boletín Oficial» (BOPA). Esto va para largo.

«Hemos desarrollado el reglamento de la evaluación, que está en poder del Consejo Consultivo», explicó Sastre a sus interlocutores del PP, Emilio Rodríguez y Emilio Pérez Cuevas. ¿Para cuándo la carrera profesional?, le preguntaron. «Es algo que ya no depende de este Gobierno, sino del futuro estatuto de la actividad docente, a nivel estatal».

Asturias será la primera comunidad española en poner en marcha la evaluación docente, tras el acuerdo llegado a finales del pasado año entre la Administración regional y los sindicatos ANPE y UGT, y en medio de una fuerte oposición de las demás siglas sindicales. Pero lo que parecía un proceso sencillo y rápido, se ha enrocado a las primeras de cambio. La evaluación docente en Asturias apunta a 2011, año de elecciones, entre otras singularidades.