Oviedo, Eduardo GARCÍA
La Dirección General de la Función Pública del Principado de Asturias daba por hecho, ya en el pasado mes de junio, que los tres millones de euros consignados para el pago del incentivo docente a los profesores que a 1 de enero cumplían los requisitos para percibirlo, no iban a ser necesarios.
En uno de los escritos enviados al Consejo Consultivo, el director general de la Función Pública aseguraba que «teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, en ningún caso se va a necesitar ese importe (3.055.050 euros) para hacer frente (...) a las nuevas incorporaciones».
El retraso en el procedimiento ya estaba más que asumido por la Administración regional. Si la Ley de Evaluación Docente y sus Incentivos fue aprobada el 29 de diciembre del pasado año, y el proyecto de Decreto para su reglamento llegó al Consejo Consultivo el 13 de julio, los sindicatos -y no sólo ellos- se preguntan qué pasos y qué calendario siguió el texto legal en esos casi doscientos días que median entre una fecha y otra. UGT, sindicato poco sospechoso de disparar a la línea de flotación del Principado lo contestaba anteayer en boca de su secretario general, Daniel Rodríguez: «de despacho en despacho y de consejería en consejería».
«El proceso continuará como estaba previsto». El consejero de Educación, Herminio Sastre, reconoció ayer «el pequeño retraso» que supuso el rechazo del Consejo Consultivo al proyecto a causa de un «defecto de forma que se ha detectado», pero pidió «tranquilidad al profesorado»
«El proceso se va a retrasar, porque es necesario un informe del Consejo Escolar. Una vez que tengamos su dictamen lo remitiremos al Consejo Consultivo y cuando este órgano nos entregue su informe, el reglamento se aprobará en Consejo de Gobierno y procederemos a la evaluación, como estaba previsto, sin ningún tipo de modificaciones».
La Comisión Permanente del Consejo Escolar se reunió ayer en Oviedo para aprobar un texto que avala el proyecto de Decreto «porque contiene los requisitos imprescindibles para una correcta evaluación del profesorado». Al final, ocho votos a favor, uno en contra (el de Comisiones Obreras) y una abstención, la del representante de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). El texto irá ahora al Pleno del Consejo Escolar, tal y como quería el Consultivo, que se celebrará el próximo jueves. La Administración apura los plazos al máximo.
Si el Pleno -el próximo 4 de noviembre- le da el visto bueno como es más que previsible el siguiente paso será la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación, que lo tramitará a Presidencia y de ahí de nuevo al Consejo Consultivo. Cuando en junio la Dirección General de la Función Pública calificaba de innecesarios esos tres millones de euros para pagar el incentivo a los docentes incorporados, que llegaban a los cinco años de antigüedad en el ejercicio profesional, sabía lo que decía.
El portavoz de Educación del PP en la Junta General, Emilio Rodríguez recordaba ayer que «nuestro grupo preguntó en sede parlamentaria por qué el texto no pasaba por el Consejo Escolar, y el anterior consejero nos contestó que no hacía falta». Para Rodríguez, asistimos a un nuevo capítulo «de algo que comenzó mal desde 2007, y así seguimos». La oposición se pregunta dónde están esos más de tres millones de euros que parece que no van a ser gastados en este ejercicio económico.
