Oviedo, Elena FDEZ.-PELLO
Una nueva agresión a una educadora por parte de un menor acogido en el Centro Materno Infantil de Oviedo vuelve a cuestionar su gestión, que depende de la Consejería de Bienestar Social del Principado. Sólo tres semanas después de que saliera a la luz un ataque a dos trabajadoras, el sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) denuncia que «una educadora ha sido agredida de forma reiterada por un menor en la calle, cuando lo acompañaba a un medio de transporte». El secretario de acción sindical de CSIF, Juan Gavira, refiere que el adolescente, de origen magrebí y recién llegado a Asturias desde otra comunidad, intentó desembarazarse de la educadora a golpes y empujones, trató de arrancarle el bolso e incluso la amenazó de muerte.
El incidente llegó a la fiscalía de Menores, según Gavira. El muchacho, explica, fue devuelto a la unidad de primera acogida y la educadora que lo denunció sigue aún de baja.
Actualmente y según la Consejería de Bienestar Social, la unidad está atendida por siete educadores a tiempo completo, ocho a tiempo parcial y seis auxiliares educadores de noche. Cuatro están de baja, según CSIF, ya sea por las agresiones ya referidas o «por el estrés generado al tener que continuar conviviendo con los agresores». No siempre las agresiones son físicas, también se producen «insultos y vejaciones».
Es más, CSIF asegura que los ataques de los menores conflictivos no sólo van dirigidos al personal del centro, «también maltratan a otros menores acogidos -aquellos que no demuestran una actitud hostil hacia las educadoras-». «Esos menores pretenden adueñarse de las instalaciones», advierte y critica la pasividad de la Consejería al respecto.
«No podemos aceptar que esto se tome como normal, no puede ser que alguien vaya a trabajar con la certeza de que va a ser agredido», continúa. Gavira hace ver que, en su opinión, si las agresiones de los menores a las educadoras -puesto que la mayoría de ellas son mujeres- se produjeran en otro contexto serían tratadas como violencia de género, incluso se dictarían órdenes de alejamiento para proteger a las víctimas. Sin embargo, insiste, en este caso las educadoras están obligadas a convivir con los chavales que las amedrentan. «Y en ese ambiente la Consejería de Bienestar Social continúa sin reponer el vigilante de seguridad que había», se queja el sindicato. Gavira se refiere a que desde hace un par de años -cuando llegó a Asturias una oleada de menores extranjeros no acompañados que desbordaron la capacidad de la unidad de primera acogida- hasta hace un mes Bienestar Social mantenía dos guardas de seguridad en la unidad, uno en la entrada y otro en el interior. Este último se ha suprimido. «Reponer ese vigilante sería lo más barato y efectivo a corto plazo», según Gavira. Eso, además de la aplicación de medidas correctivas adecuadas, añade.
