Oviedo / Madrid
La consejera de Justicia e Igualdad del Principado, María José Ramos, calificó ayer de «positiva» la propuesta de retirar la custodia a los padres imputados por un supuesto delito de maltrato. «Es una buena medida, a veces resulta muy chocante que los maltratadores tengan la custodia», declaró.
El PP considera que aplicar la norma a los imputados «puede poner en riesgo su presunción de inocencia» y causar «problemas irreparables» a los menores, según informa «Europa Press». José Luis Ayllón, secretario general del Grupo Popular en el Congreso, cree que debe adoptarse con los condenados por sentencia firme. Recordó que el Congreso había aprobado el pasado mes de septiembre una moción en ese sentido, siempre que así lo requiera el interés superior del menor.
Gaspar Llamazares, portavoz de IU en el Congreso, cree que la medida será «más simbólica que real» y tendrá «efectos mínimos» porque afectará a un número muy reducido de casos.
Rosa Díez, portavoz de UPyD en el Congreso, asegura que la decisión demuestra, una vez más, el «instinto regulador, casi depredador», del Gobierno de Zapatero. «Esto no se arregla con una ley sino reforzando las tareas de los servicios sociales y la justicia, y no creando normativas nuevas que van a crear problemas nuevos», declaró a «Europa Press».
Ochocientos mil menores en España están expuestos a la violencia de género, doscientos mil de ellos hijos de mujeres con órdenes de protección, según datos facilitados por Miguel Lorente, delegado del Gobierno para la Violencia de Género. En lo que va de año cuatro han sido asesinados junto a sus madres y 42 han quedado huérfanos porque sus padres o parejas de sus madres las han matado.
