Oviedo / Madrid,

P. R. /Agencias

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, justificó ayer la medida aprobada por el Consejo de Ministros de suspender la custodia de los hijos a los maltratadores que estén «imputados por un juez», de «medida cautelar» dirigida a proteger al menor. «Estamos pensando en los niños por encima de la presunción de inocencia», afirmó. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, Rubalcaba aclaró que la reforma prevista en el Código Civil afectará al cónyuge que estando inmerso en un proceso de separación o divorcio tenga abierto, además, un procedimiento penal por malos tratos en el que esté «imputado». «La mayoría de las veces son hombres, pero también hay mujeres», dijo.

No obstante, la referencia publicada por el Consejo de Ministros dice que «la reforma del Código Civil prohibirá de manera expresa la guarda y custodia al maltratador que esté incurso en un proceso penal por un delito de violencia de género», delito del que, según recoge la ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, sólo puede ser víctima una mujer.

«Cuando se establecen criterios legales diferentes por el género nos encontramos con estas inconsecuencias», afirma Ramón Durán, catedrático de Derecho Civil y decano de la Universidad de Oviedo.

«Es cierto que el Tribunal Constitucional avaló el hecho de que, como de ordinario son los hombres los que cometen más delitos por violencia de género contra las mujeres, sea el hombre el que tiene mayor pena. A mí me parece dudoso, pero es así. La nueva modificación muestra una vez más la contradicción de hacer leyes sesgadas por el género», añade.

En opinión de Durán, la reforma que aprobó ayer el Gobierno y que anunció el pasado jueves la ministra de Igualdad, Leire Pajín, es «un error monumental por el carácter automático de la decisión y porque esa medida ya se contempla en el Código Civil cuando el juez decide sobre todo supuesto de litigio o causa de divorcio entre una pareja».

Hay otras razones que cuestionan la decisión, según el jurista. «La primera de ellas es que ha de observarse el grado de violencia, porque no es lo mismo la violencia verbal que la física, y la segunda es que ningún juez permitiría, en el caso de que la violencia fuera física, que el padre se quedara con la custodia del hijo. La violencia verbal no tiene por qué implicar la pérdida de la patria potestad. El poder judicial es muy maduro y ya valora caso por caso. La nueva norma puede acabar volviéndose contra sus impulsores porque no sólo se trata del padre, también hay que contar con el hijo. En la patria potestad el hijo tiene derechos y deberes. Las medidas automáticas en asuntos jurídicos son muy peligrosas porque, como todos sabemos, no todo proceso incoado llega a condena».

El pleno de la Junta General del Principado aprobó ayer por unanimidad una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en la que hace un llamamiento a la «rebelión colectiva» de la ciudadanía contra esta lacra. A mediodía, gobiernos, diputados y ciudadanos se concentraron ante la Junta para mostrar su rechazo a la violencia. En la imagen, en el centro, Javier Fernández, candidato del PSOE a la Presidencia, entre los diputados Clara Costales, Faustino Álvarez y Benjamín Gutiérrez.