Principado y empresas del HUCA deben decidir si rompen el contrato o pactan otra prórroga

El Gobierno regional dispone de pocos días para decidir la estrategia que va a seguir en su negociación con las empresas que están construyendo el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Con arreglo al pliego de condiciones, tres son las posibilidades que se plantean ante el seguro incumplimiento del plazo otorgado a las constructoras para ejecutar los trabajos, que concluye el próximo día 31. Dos de ellas son traumáticas: disolver el contrato e imponer sanciones que podrían llegar a los 90.000 euros diarios. La otra debe ser negociada: prorrogar el plazo una vez más -sería la tercera- siempre que previamente las empresas hayan justificado de forma satisfactoria las razones que les impiden entregar el trabajo en la fecha estipulada.

Según ha podido saber este periódico, en el momento actual el Ejecutivo regional no descarta ninguna de estas posibilidades. El consejero de Salud, Ramón Quirós, ya planteó anteayer una suerte de ultimátum a las constructoras, a las que instó a explicar de forma oficial las razones por las que no podrán tener concluidas las obras a finales de este año, tal y como figura en el contrato que han suscrito con el Gobierno regional. «Si tienen alguna dificultad, que la presenten de forma muy justificada y muy concreta», señaló Quirós en alusión a Sacyr, San José y Sánchez y Lago, integrantes de la unión temporal de empresas que ejecuta los trabajos.

Según una información publicada el miércoles por LA NUEVA ESPAÑA, fuentes próximas a las empresas que ejecutan los trabajos del HUCA dan por imposible el objetivo de cumplir el plazo oficial, que termina el próximo 31 de diciembre. Esas mismas fuentes apuntan que la conclusión de las actuaciones será una realidad a mediados del año que viene, en el mejor de los casos, o incluso a finales del verano de 2011.

El Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces asegura que las empresas aún no han expuesto seriamente los problemas con los que se topan para cumplir el plazo. A menos de cuatro semanas para la fecha tope, todo hace pensar que las dos partes habrán de sentarse a la mesa, ya que, entre otras razones, el incumplimiento de los plazos puede ser castigado hasta con 90.000 euros diarios de sanción, según figura en el contrato vigente.

Observadores cotidianos de los trabajos de construcción del HUCA explicaron a este periódico que, pese a que el ritmo de trabajo es intenso, existen constataciones objetivas que podrían incluirse en una eventual negociación de un nuevo plazo. Entre ellas figuran el retraso de la acometida de electricidad y la demora en algunas zonas del nuevo edificio. Una de las áreas que más problemas parece presentar es el edificio destinado a labores administrativas. Si la idea inicial consistía en aprovechar -una vez remodelado- uno de los pabellones del antiguo Hospital Psiquiátrico, más tarde se comprobó la imposibilidad de mantenerlo en pie. Al tratarse de un edificio protegido fue necesario solicitar la preceptiva autorización al Ayuntamiento de Oviedo para demolerlo y construir un edificio de idéntica apariencia externa.

Los trabajos para levantar el nuevo recinto del Hospital Central en los terrenos de La Cadellada echaron a andar el 7 de junio de 2005. El plazo inicial, de 54 meses, concluía el 7 de diciembre de 2009, y fue prolongado en cuatro meses con motivo del primer sobrecoste. Más tarde, al negociar un segundo sobrecoste, se alargó hasta finales de 2010, un plazo que las empresas consideraron insuficiente desde el primer momento.

En el caso del nuevo Hospital Central, la controversia de los plazos tiene mucho que ver con el calendario electoral. En mayo del año que viene se celebrarán elecciones autonómicas y municipales, y nadie duda de que el HUCA es el mayor logro que puede poner sobre la mesa el Gobierno socialista de Asturias. Y para principios de 2012 -como muy tarde- están previstas elecciones generales.

El consejero de Salud ha subrayado en varias ocasiones su voluntad de «no sacralizar una fecha para la apertura», pero todos los síntomas apuntan, como pronto, a 2012. Las simulaciones que actualmente llevan a cabo las autoridades sanitarias permiten vaticinar que el traslado de la actual sede del barrio del Cristo al nuevo recinto de La Cadellada obligará a que ambas instalaciones funcionen simultáneamente durante un periodo aproximado de dos semanas.

Si no surgen nuevos contratiempos, el precio del edificio ascenderá a 295,427 millones de euros, una cifra que implica un sobrecoste de 90,1 millones sobre el importe de la adjudicación y de 28,6 sobre el precio de licitación.