Oviedo, E. G.

La Consejería de Educación deberá concretar, modificar y mejorar parte del texto del proyecto de decreto del reglamento para la regulación de la Evaluación Docente, tal como le pide el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que examinó por segunda vez el expediente y le encontró numerosas cuestiones mejorables, algunas relacionadas con aspectos esenciales como los criterios de evaluación o los parámetros de medición del absentismo.

El Consejo Consultivo, presidido por el ex vicepresidente del Gobierno asturiano Bernardo Fernández, da además al Principado un tirón de orejas en materia de forma: «Sería conveniente una revisión formal, gramatical y sintáctica de la norma», y eso incluye evitar reiteraciones, mala puntuación y poca uniformidad en el lenguaje no sexista, entre otros defectos. El Consultivo, a pesar de todo, da el visto bueno para que el dictamen pueda someterse a la aprobación del órgano competente (el Consejo de Gobierno) «una vez atendidas las observaciones esenciales, y consideradas las demás». Y lo hace más de ocho meses después de la resolución del entonces titular de la Consejería de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre (12 de mayo de 2010) que iniciaba el procedimiento. Fue una tramitación de urgencia a fin de reducir a la mitad los plazos establecidos por el procedimiento ordinario. Menos mal.

En total son una veintena de observaciones por parte del Consultivo, que lamenta los defectos a pesar de que el texto ha pasado por media Administración regional, direcciones generales y secretarías generales técnicas. Un texto que fue estudiado por todas las consejerías y por el propio Consejo Escolar del Principado.

A juicio del sindicato CC OO, el primero que ayer valoró las recomendaciones, el texto «necesita rectificarse prácticamente al completo y volver a elaborarse». Y añade que el Consejo Consultivo «obliga a tal serie de rectificaciones que no deja títere con cabeza».

Para empezar, el Consejo Consultivo echa en falta documentación importante: «Hemos de llamar la atención sobre la ausencia de documentación que explique la adopción de algunas decisiones de indudable trascendencia», y pone un ejemplo, como es la eliminación del texto inicial de los anexos correspondientes a las fichas de evaluación.

El Consejo Consultivo recuerda que el texto «debe regular con precisión, es decir, determinar de modo directo e inmediato y razonablemente exhaustivo los criterios de evaluación», en alusión al artículo 6 del reglamento, que determina los parámetros que han de ser tenidos en cuenta en los planes de evaluación: absentismo, función tutorial, participación en proyectos o desempeño de cargos directivos, entre otros.

El Consejo se sorprende de que la Administración regional se arrogue el derecho a incluir «cualquier otro» criterio que crea oportuno para llevar a cabo la evaluación. La falta de concreción choca contra el parecer jurídico «porque, en definitiva, considera este Consejo que no cabe establecer una relación abierta e incondicionada de los criterios de evaluación, por lo que tanto su determinación concreta como las normas y los límites generales para su ponderación han de ser contenidos propiamente reglamentarios».

Respecto al absentismo, el Consejo exige «parámetro de medición», a la vez que entra en modificaciones de detalle en cuestiones como la presentación de la solicitud de adhesión o el trámite de subsanación de solicitudes. Califica de innecesarios algunos trámites de alegaciones y, según algunos sindicatos, entiende que debe modificarse el artículo correspondiente a todo lo relativo al trámite de audiencia y vista del expediente.

«Nuevamente, la posibilidad de incorporación al cobro del profesorado que no percibe el complemento se ve retrasada», señalaba ayer CC OO. «Estamos convencidos que nada sucede por casualidad, que lo que está aconteciendo responde a la intencionalidad de responsables políticos de seguir ahorrando y haciendo caja a costa de perpetuar la discriminación».