Siero, Eduardo GARCÍA

«Celles, el palacio granja». Así titulaba en julio de 2005 LA NUEVA ESPAÑA un reportaje sobre el que está considerado uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura civil barroca en España. Cinco años y medio después la situación de semirruina denunciada entonces se ha agravado ante la falta de actuaciones sobre un edificio emblemático de una época, el siglo XVII, que conserva tras sus paredes maltratadas un reguero de historias.

El palacio de Celles tipifica una situación por la que atraviesan muchas joyas del patrimonio asturiano: propiedad privada, imposibilidad de acuerdos para su traspaso a la Administración, la única que puede abordar en el mejor de los casos una rehabilitación integral. Y, en medio, el tiempo, inexorable, que amenaza con llevar la casona por delante. Además, Celles está en algo parecido a una tierra de nadie, palacio entre praos, en el corazón del concejo de Siero. Hace unos días se conoció que el Principado imponía a la propiedad de Celles una multa de 600 euros por lo que se entiende desde la Consejería de Cultura una dejación de funciones en la conservación del edificio. Puede ser el primer escalón hacia multas de mucha mayor enjundia. «El delicado estado del palacio de la Torre de Celles y la reiterada inobservancia de los deberes legales por parte de los propietarios provocan que la Consejería de Cultura y Turismo deba adoptar otras medidas que garanticen el cumplimiento de esos deberes» y de paso protejan un inmueble que es Bien de Interés Cultural (BIC), que quizá se mantenga en pie gracias a la aportación de sus inquilinos. Geli Hevia y Mino Vigil, por una parte, y Pilar Fernández, por otra, aportan vida a una ruina de portentosa fachada principal, con el escudo de la familia bajo un frontón volado.

La multa es consecuencia de una resolución administrativa que se hizo de rogar y que se basa en uno de los artículos de la ley de Patrimonio del Principado de Asturias. Tiene fecha de 4 de enero y de alguna forma abre un nuevo escenario. La resolución tiene como destinataria a Illana Navia-Osorio, que es fiscal del Tribunal Supremo.