Oviedo, Eduardo GARCÍA

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó ayer, 435 días después de la ley que lo permite, el plan de evaluación de la función docente, ese gran «examen» a los profesores de la red pública asturiana. El Ejecutivo de Álvarez Areces estableció ayer oficialmente los diversos parámetros de funcionamiento y medición del sistema educativo asturiano a través de la evaluación del trabajo de sus profesores.

La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, había anunciado recientemente el compromiso del Gobierno para que la evaluación fuera una realidad en el próximo mes de mayo. Los plazos siguen, por tanto, su curso.

«El plan -según el Gobierno regional asturiano- persigue realizar una medición de la actividad profesional del personal docente que voluntariamente se adhiera a la evaluación y abrir un proceso que permita exponer los elementos del sistema educativo mediante un proceso participativo, transparente y documentado».

Tan bonitas frases convencen sólo a una parte de los representantes sindicales. Dos sindicatos, SUATEA y CC OO, siguen manteniendo una postura contraria a este proyecto evaluador iniciado por el anterior consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre. CSIF matiza: «Esto ya no es un cheque en blanco».

Apuntarse a la evaluación es voluntario. Quien se apunte y «apruebe», cobrará los incentivos de 206,53 euros al mes para el personal docente del grupo A1 (profesores de Secundaria) y de 132,18 euros mensuales para los del grupo A2 (maestros de Primaria). Cantidades brutas. Y quien no quiera que lo evalúen, mantendrá su estatus laboral aunque sin ese «sueldín» complementario, que ya cobra la mayoría de los profesores desde principios de 2007, aunque se trate de un pago a cuenta.

El siguiente paso es la publicación del plan de evaluación en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA), y a partir de ese momento los docentes asturianos tendrán un plazo de veinte días naturales para solicitar la adhesión al plan. Los que ya lo cobran también tienen, lógicamente, que «examinarse».

Un examen que muchos consideran un trámite para el cobro generalizado de unas cantidades que no van a compensar los recortes al sector que la crisis ha traído consigo en 2010, y los que los sindicatos temen que lleguen en 2011.

Pasarán la prueba todos los profesores que den unos mínimos en tres apartados. Uno es el de formación. Se exige que el docente a evaluar haya realizado seis o más créditos de formación en su vida laboral. El segundo apartado es el de dedicación al centro, y es preciso el «sí» en al menos el 50% de las 14 preguntas sobre implicación profesional. Si el número de «síes» es de nueve, el aprobado es seguro, al margen de los dos apartados restantes. El tercer baremo lo establece la participación en objetivos colectivos en el centro educativo. Superar dos de tres es también suficiente. Los alumnos del profesorado asturiano clamarían por tenerlo tan fácil como ellos.

Podrá solicitar su adhesión al plan el personal docente que, reuniendo los requisitos de acceso, se encuentre en alguna de las situaciones administrativas siguientes: servicio activo, servicios especiales o excedencia (por razón de violencia de género o por cuidado de familiares). Los liberados sindicales tienen aprobado automático.

No todas las pruebas serán iguales, sino que la Administración baraja ocho modelos distintos: docentes, directores, personal de orientación, profesores de aulas hospitalarias, asesores, inspectores, personal de la Administración general y jefes de servicio.

Respecto a los requisitos mínimos, el de mayor envergadura es la obligatoriedad a llevar no menos de cinco años como funcionario de carrera docente.

Las críticas sindicales no se han hecho esperar. Mientras FETE-UGT y ANPE celebraron la aprobación del plan de evaluación, a pesar del retraso con que llega, los otros tres sindicatos en la Junta de Personal Docente arremetieron contra la norma. Como muestra, la del portavoz de SUATEA, José Antonio Alonso: «Es una fantasmada en vísperas electorales. Vivimos recortes en todo el sector, que afectan incluso a la atención a la diversidad, pero se gastan dieciocho millones y medio de euros al año para pagar lo que llaman la carrera profesional».