Oviedo, E. G. / P. Á.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el sindicato SUATEA contra el acuerdo del Gobierno de Asturias que dio origen a la ley de evaluación del profesorado, una controvertida normativa cuyo último desarrollo es el plan de evaluación de los docentes.

Esta decisión del Constitucional viene a coincidir en el tiempo con la entrada en vigor del plan de evaluación puesto en marcha por la Consejería de Educación y publicado en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) del pasado 16 de marzo. Con posterioridad al acuerdo que ahora deberá evaluar el Tribunal Constitucional, la Junta General del Principado aprobó -en diciembre de 2009- la ley de Evaluación de la Función Docente y Sus Incentivos. Esta norma concreta el marco de actuación para examinar el trabajo de los profesores de la red pública asturiana y generar unos pluses por la calidad de ese trabajo.

Sostienen los responsables de SUATEA que la admisión a trámite de su recurso implica en la práctica que «la Sala Segunda del Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre el contenido de la ley de evaluación, en la medida que, según nuestra demanda, pretende eludir sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias que declaraba la nulidad de la carrera profesional». El sindicato estima que tal pronunciamiento deberá materializarse en «dos o tres meses».

En un comunicado difundido ayer, SUATEA enfatiza que «la triunfalista huida hacia adelante de la Administración en el asunto de la carrera profesional de los docentes, disfrazada ahora de ley de evaluación, deberá finalmente ajustar cuentas con su ilegitimidad de origen, al proceder de actos declarados nulos por los tribunales de justicia». «A nosotros no nos caben dudas sobre el resultado», apostilla el sindicato.

SUATEA reclama al Gobierno asturiano «que abandone un proyecto de evaluación discriminador, inútil y costoso y negocie con la mayoría sindical una homologación retributiva semejante a la del resto de comunidades autónomas, que no han hecho pasar a sus docentes por este bochornoso proceso».

El pasado día 9, el Consejo de Gobierno del Principado aprobó el plan de evaluación de la función docente, un programa que, según el Ejecutivo regional, «persigue realizar una medición de la actividad profesional del personal docente que voluntariamente se adhiera a la evaluación y abrir un proceso que permita exponer los elementos del sistema educativo mediante un proceso participativo, transparente y documentado».