Oviedo,
M. S. MARQUÉS
La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha abierto una investigación con relación al informe emitido por el arqueólogo de la Consejería de Cultura César García de Castro, al que se acusa de «ocultar de forma expresa graves implicaciones del arqueólogo responsable del yacimiento de la Campa Torres, Francisco Cuesta Toribio», en relación con el escondrijo de materiales arqueológicos del yacimiento.
La fiscalía abre diligencias tras la denuncia presentada por el arqueólogo Jorge Camino Mayor, adscrito al Museo Arqueológico de Asturias, contra el informe emitido por César García de Castro en el que el denunciado propone la incoación de expedientes informativos, y en su caso disciplinarios, a la directora de museos del Ayuntamiento de Gijón, Paloma García Díaz, «ocultando de forma expresa en su informe las graves implicaciones de Francisco Cuesta Toribio», arqueólogo responsable del yacimiento de la Campa Torres y actual director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime.
Francisco Cuesta fue director de las excavaciones de la Campa Torres desde el 10 de julio de 1986 hasta el mes de septiembre de 2000 y, por tanto, según la denuncia, responsable directo del cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 67.4 de la ley de Patrimonio Cultural del Principado que dispone: «corresponde a los directores de las excavaciones la responsabilidad en el cumplimiento de la obligación de depositar obligatoriamente en el Museo Arqueológico de Asturias los restos y objetos de interés descubiertos como resultados de actividades arqueológicas debidamente inventariados, catalogados y acompañados de la memoria de excavaciones, en el plazo máximo de un año».
Según Jorge Camino, el informe realizado por César García de Castro, a propósito del hallazgo de los materiales arqueológicos abandonados en un sótano cuya entrada se ocultaba tras un armario, «no hace mención alguna ni a la persona del arqueólogo Cuesta Toribio, ni a su función como responsable de la excavación», mientras que sí propone la incoación de un expediente a la responsable de museos de Gijón, informe que sirve «como base» para la incoación de sendos expedientes disciplinarios al arqueólogo Ángel Villa Valdés y a la ex directora del Museo Arqueológico Elisa Collado, a los que la Administración del Principado responsabiliza de no haber informado con la suficiente premura del descubrimiento de los materiales abandonados.
La denuncia se sustenta en que «pese a las directas responsabilidades de Cuesta Toribio -susceptibles de ser acreditadas sin mayores esfuerzos dialécticos al resultar obvias-, García de Castro no informó de las mismas en el expediente ni hizo referencia alguna a Cuesta Toribio». En dicha omisión, Camino ve «intencionalidad del denunciado en ocultar las responsabilidades de Cuesta Toribio y su participación decisiva en el comportamiento delictivo producido con los materiales arqueológicos abandonados».
Además, señala la denuncia que el informe emitido por García de Castro supuso la apertura de expediente disciplinario a uno de los tres arqueólogos del Principado con reales posibilidades de acceder a la plaza que ocupará el denunciado, dejándole expedita la vía al cargo.
