Oviedo / Madrid,

E. G. / Agencias

Las decisiones tomadas por el Consejo Interterritorial de Salud presidido por la ministra Leire Pajín han provocado una de las polémicas del verano. La patronal española de la industria farmacéutica Farmaindustria ha considerado ayer «inadmisible» obligar a los médicos a recetar genéricos, una medida que, además de no generar ningún ahorro adicional, va a «poner en riesgo» a muchos pacientes, especialmente a ancianos y polimedicados.

Los farmacéuticos asturianos también se han sumado a la crítica. El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, José Villazón, ha lamentado que el esfuerzo de eficiencia no se amplíe al conjunto del gasto público y se limite a incidir una vez más sobre los medicamentos «que tienen la factura más transparente y ya han sufrido dos severos ajustes en 2010».

El director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, ha criticado las medidas encaminadas a disminuir el gasto farmacéutico, que, según ha señalado, han producido «consternación» y «enorme sorpresa» en el sector.

Entre esas medidas, con las que el Gobierno pretende generar un ahorro de 2.400 millones de euros anuales, está la extensión de la prescripción de medicamentos por principio activo a todas las comunidades autónomas.

Los representantes de la industria han pedido una reunión «urgente» con la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, que previsiblemente tendrá lugar la próxima semana, en la que le pedirán que reconsidere su propuesta.

Como medidas alternativas, Farmaindustria ha propuesto igualar «rápidamente» el precio de la marca al del genérico».

Si las medidas acordadas anteayer se plasman finalmente en un real decreto ley, serán tres las normas de reducción del gasto farmacéutico aprobadas en 17 meses, con un impacto económico en el sector de cerca de 5.000 millones de euros, lo que supone el 30% del mercado farmacéutico, según datos del sector. Los ajustes han producido, según las mismas fuentes, una pérdida de 5.000 empleos directos y unos 20.000 indirectos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha asegurado, sin embargo, que la aprobación de las recetas por principio activo es una medida que «va en la dirección acertada».

Desde la OCU explican que «aplauden» esta medida porque llevan años defendiendo la prescripción por principio activo, que ya era obligatoria en algunas comunidades, porque de esta manera «los médicos ya no recetarán una marca comercial sino el principio activo más indicado para curar».

La organización ha realizado una encuesta online a 1.152 sobre la forma en que sus médicos redactaron las recetas la última vez que tuvieron que comprar fármacos. De los resultados se deduce que el 45% de los profesionales recetaron por principio activo, mientras que un 39% prescribió el nombre de una marca en la sanidad pública, mientras que en la privada, el 61% de los médicos recetó la marca comercial en lugar del principio activo.

La coordinadora de Participación Social del Partido Popular (PP), Ana Pastor, ha criticado que el Gobierno socialista «va a hacer en siete días lo que no ha hecho en siete años». Durante un acto con empresarias en Granada, Pastor ha asegurado que a lo largo de este tiempo el Gobierno ha desarrollado una política farmacéutica «errática» y ha recordado que la primera actuación llevada a cabo por el PSOE en esta materia fue la derogación de la ley de precios de referencia aprobada por el PP en 2003.

La presidenta del Colegio de Médicos de Asturias, Carmen Rodríguez, aseguró que «la mejor forma de cooperar a la sostenibilidad del sector sanitario no es la de detraer recursos, sino una administración adecuada que evite la fuga de medios».