Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
El nuevo Gobierno asturiano estudia dar un golpe de timón relevante en la gestión del personal del Principado. En concreto, se están estudiando las posibilidades de devolver competencias en esta materia a dos consejerías, Sanidad y Educación, las que mayor volumen de trabajadores tienen en sus plantillas. Entre ambas suman unos 27.000 de los algo más de 35.000 empleados públicos de la Administración autonómica. De llegar a buen puerto, esta estrategia supondría la retirada de algunas de las atribuciones otorgadas en su día al Instituto Adolfo Posada.
Los últimos años del mandato de Vicente Álvarez Areces estuvieron marcados, entre otras notas, por la centralización de competencias en materia de personal en la Consejería de Administraciones Públicas. El objetivo oficial de esta estrategia de gestión, en la que coincidían el presidente del Principado y la titular de la mencionada Consejería, Ana Rosa Migoya, consistía en someter a un control férreo un capítulo de gasto muy relevante para las arcas del Principado.
La acumulación de competencias de personal en Administraciones Públicas -ahora denominada Consejería de Hacienda y Sector Público- incluían la convocatoria y organización de los procesos selectivos de personal, las conocidas oposiciones. Esta decisión acarreó abundantes críticas por parte de los sindicatos. Las organizaciones sindicales del ramo de la educación afirmaron que suponía una clara «derrota» del a la sazón consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, frente a las presiones de las restantes consejerías. Además, durante un tiempo, los sindicatos achacaron cualquier error e imprecisión en los procesos selectivos a lo que consideraban una «incapacidad» del Adolfo Posada para liderar este tipo de procesos.
De otro lado, en el sector educativo, Ana Rosa Migoya fue la principal diseñadora del modelo de evaluación docente a los profesores y maestros que quisieran tener acceso a los pluses salariales asociados a los tramos de carrera profesional.
En el ámbito sanitario, el traslado de competencias selectivas al Adolfo Posada también generó críticas sindicales. En el momento actual, el Adolfo Posada tiene en marcha una serie de convocatorias que implican a un total de 2.179 plazas del Servicio de Salud del Principado (Sespa).
El traspaso al Adolfo Posada de competencias que anteriormente residían en el Servicio de Salud del Principado -que a su vez las había «heredado» del extinto Insalud- nunca fue visto con buenos ojos por los responsables del Sespa.
En realidad, Migoya y Areces nunca acabaron de aceptar las singularidades laborales y salariales del personal sanitario, y siempre vieron como privilegios injustificados algunos de los derechos adquiridos por el personal sanitario, en particular por los médicos. En consecuencia, paralizaron un buen puñado de propuestas normativas procedentes de la Consejería de Salud y del Sespa. De hecho, la legislación de la sanidad asturiana es una de las menos desarrolladas de todo el territorio español.
Según las fuentes consultadas por este periódico, el presidente Areces y la consejera Migoya consideraban estratégico atar en corto la gestión de dos departamentos que originan buena parte del gasto del Principado. Educación suma casi 12.500 empleados públicos, y Sanidad cerca de 15.000.
