Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

Un complemento salarial de 790 euros brutos mensuales está en el ojo del huracán. Se llama complemento específico, aunque son muchos los que lo conocen como el plus «por jugar al golf por las tardes». Consiste en la retribución que percibe un médico por dedicarse de forma exclusiva a la sanidad pública. Hasta finales de 2002 los profesionales asturianos podían elegir si compaginaban o no la actividad pública con la privada. Desde el 1 de enero de 2003 los facultativos que ingresan en la red sanitaria están obligados a renunciar a cualquier actividad privada. Es la única comunidad autónoma española que mantiene esta incompatibilidad. Entre el 10 y el 15 por ciento de los aproximadamente 3.200 médicos del Servicio de Salud del Principado (Sespa) tienen también actividad privada, con una presencia mucho más abundante de médicos de hospitales que de facultativos de centros de salud.

La Consejería de Sanidad y el Sespa llevaban algún tiempo estudiando el modo de modificar la legislación vigente cuando una información publicada el pasado domingo por LA NUEVA ESPAÑA generó una violenta reacción de Foro Asturias, partido que sustenta al Gobierno regional. Por tres días consecutivos -ayer el tercero-, Foro ha difundido comunicados en los que afirma que desde el Pleno de investidura que llevó a la Presidencia del Principado a Francisco Álvarez-Cascos «no ha habido ninguna propuesta relativa a la modificación de las dedicaciones del personal sanitario en Asturias». Anteayer, la Consejería de Sanidad se sumó a esta tesis.

A continuación se resumen la historia y vicisitudes del complemento específico en Asturias.

Así nació. Fue el real decreto ley 3/1987, de 11 de septiembre, referido a retribuciones del personal estatutario del Insalud, el que alumbró el denominado «complemento específico», que viene definido como un plus «destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad». En la práctica, la «dedicación» se impuso como núcleo del plus. La norma precisa que el complemento específico que corresponda al personal facultativo «tendrá carácter personal, por lo que podrá renunciarse al mismo».

El famoso plus «por jugar al golf por las tardes». Durante los años de gestión del Insalud, el complemento específico estuvo vigente. Los médicos podían cambiar de régimen libremente, si bien habían de permanecer en el elegido un período mínimo antes de modificarlo de nuevo. Sus partidarios subrayaban su utilidad «para comprometer a los profesionales con el sistema», en alusión a la sanidad pública. Otros subrayaban que «si trabajas en serio de ocho a tres, no te quedan muchas fuerzas para trabajar por las tardes». Y sus detractores lo denominaban el plus «por jugar al golf por las tardes». Y es que hacían hincapié en que se trataba de un complemento salarial que no exigía trabajar ni un minuto más, sino que «únicamente premia que por las tardes, en vez de trabajar en la privada, te dediques al ocio».

Así se hizo obligatoria. El 1 de enero de 2002 las competencias sanitarias pasaron a las comunidades autónomas, y el Insalud desapareció. En Asturias, a finales de ese año, el Gobierno de Vicente Álvarez Areces incluyó en la ley de acompañamiento de los Presupuestos un epígrafe que establecía la obligatoriedad de la dedicación exclusiva para los médicos. La norma afectaba a los profesionales que ingresaran en la sanidad pública a partir del 1 de enero de 2003. De ella fueron exonerados los aproximadamente 400 interinos que estaban inscritos en la macrooposición que el Insalud convocó en su última fase de existencia. A los profesionales que ya estaban en la red pública se les dio dos meses para decidir su régimen de trabajo. Una docena renunció a la exclusividad. Desde entonces, pueden pedir la dedicación exclusiva, pero no tramitar la compatibilidad entre actividad pública y privada.

Un freno a los «chanchullos» de la privada. ¿Por qué se hizo obligatoria la dedicación exclusiva? El argumento oficial del Gobierno regional aludía a la necesidad de propiciar ese mayor compromiso de los profesionales con el sistema y de la necesidad de que «el personal sanitario desarrolle sus funciones con la mayor dedicación posible al ser el sistema público un elemento de igualdad y cohesión social». En la trastienda, en las conversaciones informales, surgía con profusión una motivación adicional y mucho más prosaica: cortar de raíz los presuntos «chanchullos» de los médicos que trabajan en la pública y tienen a la vez consulta privada. Los críticos con la nueva normativa argüían que para lograr este objetivo se podía dar libertad a los médicos y establecer un riguroso sistema de inspección.

Al Tribunal Constitucional. La nueva normativa fue rotundamente rechazada por el Colegio de Médicos de Asturias y por el Sindicato Médico (SIMPA). El colegio la consideraba una intolerable intromisión en un terreno en el que debía imperar la libertad y un golpe mortal para la sanidad privada. Por eso terminó instando al Gobierno de Aznar -en el que Álvarez-Cascos era ministro de Fomento- a que recurriese la ley ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo central así lo hizo. Ocho años después el Constitucional no se ha pronunciado.

Entra en danza una ley nacional. A finales de 2003 entró en escena el estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, una ley básica del Estado que en uno de sus artículos dispone que cada servicio de salud establecerá «las disposiciones oportunas para posibilitar la renuncia al complemento específico por parte del personal licenciado sanitario». El Gobierno de Areces hizo oídos sordos. A finales de 2007 la gerente del Sespa, Elena Arias, explicó que su departamento no tenía intención alguna de establecer el citado mecanismo de renuncia a la dedicación exclusiva hasta que se pronunciara el Constitucional. Anteriormente, otros recursos o cuestiones de inconstitucionalidad habían sido promovidos por jueces de Oviedo al hilo de reclamaciones de médicos que querían ejercer en la privada. La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictaminó que correspondía en exclusiva al Constitucional decidir la aplicación o no de la polémica ley.

La noticia de LA NUEVA ESPAÑA. Así estaban las cosas cuando el pasado domingo este periódico publicó que la Consejería de Sanidad se había marcado como objetivo un vuelco en la política de recursos humanos con un conjunto de cambios que incluiría la supresión de la dedicación exclusiva obligatoria para los médicos de la sanidad pública. Un asunto que formaba parte, desde el primer momento de la legislatura, de la agenda de algunos dirigentes de Foro, especialmente de los más cercanos a las tesis del Colegio de Médicos de Asturias y del Sindicato Médico (SIMPA). La información fue facilitada a LA NUEVA ESPAÑA por cualificados miembros del ámbito sanitario del partido de Cascos.

La necesidad de sumar al PP. Desde semanas atrás, la cuestión era objeto de análisis en algunos despachos oficiales del sector sanitario. No estaba decidido cómo llevar adelante el cambio legal, pero se barajaba la posibilidad de incluirlo en la ley de acompañamiento de los Presupuestos. Según Javier Álvarez, letrado del Colegio de Médicos, las normas legales no pueden ser derogadas por otras normas de rango inferior. De ir en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, el Gobierno de Álvarez-Cascos necesitaría el apoyo parlamentario del PP. La noticia publicada por este periódico fue acogida con entusiasmo por los populares, que se atribuyeron la paternidad del proyecto, y radicalmente rechazada por Foro Asturias, cuya tesis de que no existía tal idea de cambio legislativo fue suscrita el lunes por la Consejería de Sanidad en un comunicado que reproducía casi miméticamente el fondo y las formas agresivas de Foro.

Las negociaciones Foro-PP. Carlos Galcerán, diputado autonómico del PP, ofreció el mismo lunes una rueda de prensa en la que enfatizó el apoyo del PP a las medidas que planeaba la Consejería de Sanidad. Galcerán afirmó que el pasado julio, en el marco de las negociaciones de un acuerdo de Gobierno entre Foro y el PP, fueron los representantes del partido de Cascos quienes «pusieron sobre la mesa la supresión de la exclusividad de los médicos y estábamos todos de acuerdo». En aquellas reuniones participaron, por parte de Foro -recordó Galcerán-, los diputados Pelayo Roces, Enrique Álvarez Sostres y Cristina Coto, además de José Luis Magro y del actual consejero de Economía, José Manuel Rivero.

Foro desmiente, y el PP apunta a Sostres. En su comunicado de ayer Foro Asturias desmentía «tajantemente» el testimonio de Galcerán, y en concreto que se pusiera «sobre la mesa la supresión de la exclusividad de los médicos». «Foro Asturias recuerda al Partido Popular que les hicieron entrega en cada reunión de un documento sobre cada una de las áreas de gobierno analizadas ese día», señala la nota de los casquistas. Un comunicado al que el propio Galcerán replicó ayer señalando que «no sólo me reafirmo en que fueron ellos los que pusieron el asunto sobre la mesa, sino que puedo concretar más: lo planteó Enrique Álvarez Sostres», actual portavoz de Foro en la Junta General del Principado y marido de la presidenta del Colegio de Médicos de Asturias.