Oviedo, P. RUBIERA

El investigador Policarpo Sánchez, especializado en el estudio de la Guerra Civil, acusa al Gobierno español de «vulnerar» la ley de restitución de documentos al permitir que la Generalitat haya trasladado a Cataluña papeles custodiados en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca, sede del Archivo Histórico Nacional, que no proceden de esa comunidad autónoma y, en algunos casos, en contra de la decisión de sus legítimos propietarios. Entre esos documentos, según declaró ayer a LA NUEVA ESPAÑA, se encuentran varios vinculados a personas y organizaciones asturianas, como los relativos a los socialistas asturianos que huyeron a Barcelona cuando los franquistas se hicieron con el control de Asturias, en octubre de 1937.

«El Gobierno ha descuartizado el patrimonio documental de todos los españoles a cambio del apoyo parlamentario de los nacionalistas catalanes y vascos», afirma.

La fulminante destitución, el pasado miércoles, de la directora del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, María José Turrión, está relacionada con todo este proceso, según Policarpo Sánchez, «aunque también son responsables el director del Libro, Archivos y Bibliotecas y la ministra de Cultura», dice.

Natural de Salamanca y licenciado en Derecho, Policarpo Sánchez orientó su tarea profesional hacia la investigación histórica, sobre todo el período de la Guerra Civil. Ha realizado numerosos trabajos sobre este período de la historia, sobre todo para el PCE, «aunque no soy militante», aclara. El Partido Comunista de España le dio poderes, en septiembre de 2009, para que ejercitara «las acciones que convengan a los intereses del PCE referentes a su patrimonio histórico documental incautado».

Un mes antes de esa fecha, el 4 de agosto de 2009, la máxima responsable del proceso de traslado de Cataluña llegó al archivo de Salamanca para seleccionar los papeles. Aunque conoce gran parte de los archivos españoles, Policarpo Sánchez es investigador habitual en el de Salamanca desde hace más de diez años. «Empezaron a pasar delante de mí investigadores hacia una sala de trabajo e iban trasladando documentación para foliarla e ir preparando su envío. Yo veía el número de cada caja y me daba cuenta de que la entrega de esos documentos vulneraba la ley», relata.

El investigador solicitó por escrito información a la directora del centro sobre la documentación que se entregaba a Cataluña. Al no obtener respuesta, presentó dos quejas ante el Ministerio de Cultura, una en septiembre de 2009, y otra en enero de 2010. «Les informo de que se están produciendo irregularidades y de que mucha de la documentación que se está enviando a Cataluña no es de procedencia catalana. Nunca obtuve respuesta y mi situación en el archivo cambió radicalmente. La directora me hizo una especie de acoso laboral, se situaba detrás de mí para ver qué escribía en el ordenador, pidió a los trabajadores que no hablaran conmigo...».

No sólo él comenzó a moverse. Según relata, la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), que tiene muchísima documentación en el archivo de Salamanca, denunció ante los tribunales que se estaba trasladando a Cataluña documentación sin su permiso y el PCE exigió que sus papeles, 116 cajas de las 726 que se llevaron a Cataluña, se quedaran en el Archivo Histórico Nacional. La Generalitat llevó, además, documentos de otros grupos o asociaciones y de otras comunidades autónomas, entre ellas de Aragón y de Asturias. El Gobierno aragonés anunció que exigirá su devolución al Ministerio de Cultura.

La documentación asturiana, actualmente en posesión de la Generalitat, es de tres tipos, explica el investigador. La primera hace referencia a una parte del PSOE de Asturias, la relacionada con los socialistas que huyeron a Barcelona en octubre de 1937. «Viendo la documentación te das cuenta de que es el PSOE de Asturias, son fichas personales con nombres completos, datos biográficos, está por ejemplo la de José Barreiro. Hay un principio en la archivística que todos conocemos y es que la documentación es de quien procede no de dónde. Si un archivo procede de una persona o una entidad que no es catalana, aunque fuera incautada en Cataluña, no es de allí. Es la historia de refugiados asturianos que estuvieron temporalmente en Cataluña», subraya.

Junto a estos papeles hay una pequeña cantidad de documentos de particulares sin ninguna relación con Cataluña. Policarpo Sánchez cita el caso de Adolfo González Ordóñez, de La Piquera, en Sotrondio, del Sindicato de Mineros de Asturias. Finalmente, están las 116 cajas del PCE, en las que también hay historia de Asturias. «El PCE es una organización con personalidad jurídica y los archivos históricos de entidades estatales no se pueden fraccionar por territorios», subraya.

El investigador asegura que los técnicos de la Generalitat están preparando un nuevo envío, «sin duda antes del próximo 20 de noviembre», afirma.

Ángeles González Sinde declaró ayer en Madrid que la destitución de María José Turrión se debe a que considera que al frente del centro debe de estar «la persona óptima para cada etapa». En declaraciones a «Efe», la Ministra dijo que se trata de «un centro de referencia importante para muchos investigadores e historiadores y debe estar al frente la persona que sea óptima para cada etapa». Según la Ministra, «tampoco tiene nada de extraño que se releve a una persona que ha cumplido muy bien con su función, y que consideramos ahora que es un buen momento para que asuma esa responsabilidad otra persona».