Dedicación exclusiva de los médicos y derechos del ciudadano

La dedicación exclusiva de los médicos en Asturias, regulada en el Sespa en 2003, implica actualmente a un 85% de los 3.000 médicos del sistema, mientras que otro 15% (principalmente de hospitales), además de su dedicación pública, tiene medicina privada. Hay que señalar que la regulación de las condiciones de aplicación de la dedicación exclusiva está pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, como si fuera una cuestión de interés público de primera línea para la ciudadanía y para Asturias, urgidos tal vez por la precaria oportunidad de un Gobierno de derechas en minoría, la presión política del Partido Popular, la presidenta del Colegio de Médicos y el sector más corporativista de los profesionales representado por el SIMPA reclaman su desaparición inmediata. Obviamos el barullo generado entre la consorte del portavoz de Foro, al parecer autor de la iniciativa, y la postura de la Consejería, que ya se ha pronunciado en contra. La opinión de los propietarios de las mayores consultas privadas de la región también nos la podemos imaginar, pero ¿cuáles son los intereses de la mayoría de los médicos del sistema público?, y, sobre todo, ¿cuáles los de los ciudadanos?

La propuesta de desaparición de la dedicación exclusiva al sistema público y de las retribuciones asociadas a este concepto va en detrimento del propio sistema sanitario y de la calidad de sus prestaciones y de la mayoría de los médicos. El pluriempleo genera conflictos de intereses en todas partes y va en perjuicio de lo público, lo que ha obligado a regular las incompatibilidades en función de los intereses generales.

En la asistencia sanitaria es obvio que quien dedica todo su esfuerzo laboral a la asistencia pública practica un grado de compromiso diferente con el Servicio de Salud, que debe estimularse y reconocerse en comparación con quien reparte sus energías entre lo público y lo privado. Pero, para algunos que defienden la práctica dual, cabe en el mismo saco argumentar sobre el descanso laboral tachándolo de vicio reprobable («jugar al golf») y, al mismo tiempo, defender que el ocio de los médicos pueda ser la cirugía privada («caso Moriyón»), todo vale con tal de justificar una práctica que les interesa a ellos y no a la ciudadanía, como pretenden.

De hecho, la implantación del complemento de dedicación exclusiva se originó como medio de eliminar la parasitación del sector público por el privado; valga decir, para evitar una práctica extendidísima en los años ochenta mediante la cual, haciendo abuso de las cuantiosas inversiones públicas en tecnología, se facturaba el servicio al ciudadano en la privada, «si quieres que te atiendan bien, que vayas a su consulta». Así que, de volver a ese modelo, es preferible que nuestros médicos de hoy «jueguen al golf» con sus medios para estar en buenas condiciones de trabajo al atendernos al día siguiente a que utilicen lo de todos para dar prioridad a su negocio, en el que lo público no tiene cabida.

La literatura y la experiencia nos han enseñado que el trabajo médico en la privada de los profesionales públicos tiende a estimular comportamientos oportunistas de la práctica médica, perjudiciales para el sector público y, finalmente, para el ciudadano, entre ellos, el absentismo y la elusión de tareas o «escaqueo», el desvío de pacientes del sector público al privado, la demanda inducida y la selección de pacientes y, finalmente, la apropiación y el uso indebido de los recursos públicos para fines privados.

Hay que advertir que este tipo de comportamientos no son generalizables a todos los profesionales que tienen práctica privada, porque la propia deontología profesional actúa a favor de una práctica ética y sería injusto descalificar la práctica de quienes actúan con rigor en lo público y lo privado. Pero la experiencia advierte que el pluriempleo, como en cualquier otra profesión, también favorece en los médicos prácticas oportunistas y contrarias al bien general que deben impedirse en beneficio de todos.

No hay nada nuevo en el tema: la práctica de retribuir a los profesionales cualificados en la empresa por su dedicación exclusiva está recogida bajo la modalidad del «pacto de no concurrencia» en el Estatuto de los Trabajadores, que tiene como base el evitar la competencia desleal, y así lo aplica la mayoría de las empresas. ¿Por qué habría que gestionar peor lo público que lo privado? ¿Imagina el lector a un piloto de Iberia trabajando para Air France en sus horas libres? ¿A un ingeniero de Telefónica haciéndolo para France Telecom? La retribución especial a quien tiene exclusividad es justa y coherente y refleja «el coste de oportunidad» que para el profesional supone su renuncia a concurrir y la garantía para la empresa, el Servicio de Salud, de que no habrá intereses de competencia desleal en el mercado.

Sin embargo, la desaparición del plus de dedicación exclusiva puede tener, para quienes con tanto ahínco lo han puesto ahora en el frontispicio público, rendimientos económicos nada baladíes, y no están dispuestos a perder esta oportunidad en espera del arbitrio del Tribunal Constitucional. El hecho de que otras comunidades autónomas, en todas las que gobierna el PP, hayan hecho desaparecer este plus no es un argumento a favor de la mejor gestión de lo público. Es simplemente un argumento sobre el carácter ideológico y particular con que la derecha gestiona lo público. En algunas de esas autonomías suprimir la dedicación exclusiva no ha significado sino incrementar un gasto, aplicando el complemento que aquí reclama el SIMPA a quienes tienen dedicación privada y ahora no cobran. Resulta una forma peculiar de retorcer el significado de los intereses generales en función de una minoría que ha venido reclamando al mismo tiempo reducción de la jornada laboral en la pública y facilidades para trabajar en la privada.