El sindicato reclama un protocolo de actuaciones que permita al profesorado saber con claridad los pasos a seguir en los casos de violencia y/o acoso escolar.
La puesta en marcha de un servicio de asistencia jurídica, psicológica y administrativa de apoyo al profesorado.
Medidas paliativas, ejemplarizantes y educativas:
Reparación del daño material causado y responsabilidad civil que se haga extensible a los padres.
Responsabilidad penal, con la consideración del profesorado de autoridad en el ejercicio de sus funciones y la veracidad de la palabra de los docentes.
Restitución moral del daño causado, empezando por algo tan de sentido común como pedir perdón a la víctima y la publicación en los medios de comunicación del centro.
