Madrid / Oviedo, Efe / P. Á.

Los ajustes presupuestarios propiciarán una disminución de la eficiencia de la atención sanitaria a los pacientes oncológicos, la pérdida de experiencia y formación de los médicos oncólogos y la calidad de vida de los afectados e incluso en la disminución de su supervivencia.

Ésta es una de las principales conclusiones de la Encuesta «Impacto de la crisis económica en la aplicación de terapias oncológicas innovadoras», realizada por el Instituto de Estudios Médico Científicos (INESME) a 60 oncólogos seleccionados de forma aleatoria, que se presentó ayer. La investigación pone de manifiesto la percepción de los oncólogos respecto de la dificultad para disponer de los tratamientos más innovadores en oncología y que se prolongará los próximos dos o cuatro años.

El 81,7 por ciento de los encuestados afirma que dispone de menos terapias innovadoras en su centro de trabajo, mientras que un 91,7 por ciento tiene la percepción de un menor acceso a esos tratamientos en el conjunto del país. «Estas dificultades se manifiestan en la incorporación de mayores trabas para la puesta en marcha de ensayos clínicos, limitaciones en el uso compasivo, en la presión a los oncólogos por parte de las administraciones y, en definitiva, en una mucho menor aplicación de tratamientos innovadores en pacientes oncológicos», según el profesor Jesús Honorato, presidente del INESME.

La mayoría de los consultados (81,6 por ciento) considera que hay diferencias entre las distintas comunidades autónomas a la hora de disponer de medicamentos oncológicos innovadores. Incluso un 67 por ciento estima que estas diferencias existen también entre distintos hospitales de una misma región y se derivan de los diferentes criterios y decisiones de las comisiones de farmacia o gerencias hospitalarias.

Los oncólogos asturianos consultados por este periódico no forman parte de la relación de especialistas encuestados, pero coinciden con algunas de las conclusiones de dicho sondeo. Según Emilio Esteban, responsable del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en el caso de fármacos que generan «un aumento significativo, pero reducido, en la supervivencia de una persona, ahora se exige que lleve incluido el coste que supone, cuando hasta hace poco tiempo eso no era un requerimiento imprescindible». En el momento actual, «las agencias sanitarias, las administraciones públicas y con ello los centros sanitarios hacen una valoración del coste-efectividad de un fármaco o asistencia médica y consideran si es o no posible afrontar ese gasto con dinero público».

«Probablemente la reflexión será que tanto la sanidad pública como la privada aclaren hasta dónde pueden hacerse cargo del gasto por un tratamiento o una asistencia médica, y a partir de un precio concreto sea otra fuente la que se haga cargo», señala el doctor Esteban, quien agrega que, entre esas posibilidades, figura «la participación en ensayos clínicos que nos acercan a un tratamiento innovador, vanguardista y a coste cero».

El HUCA y el servicio de oncología médica, en colaboración con otras unidades oncológicas de Asturias, «están en óptimas condiciones y de reputación internacional y nacional para poder asegurar a la población asturiana y de otras comunidades esta posibilidad de acercarse a la vanguardia terapéutica con el consiguiente beneficio para los pacientes y en prestigio científico para nuestra sanidad», precisa Emilio Esteban.

En similares términos se pronunció Ángel Jiménez Lacave, antecesor del doctor Esteban al frente del servicio de Oncología del HUCA, actualmente jubilado en la sanidad pública pero aún activo en la privada. Según Lacave, «hasta hace unos años, en la aplicación de terapias antitumorales iban muy a la par la excelencia y la justicia: podíamos prescribir cuanto podíamos y cuanto sabíamos, y eso para todos los pacientes. Pero, en estos últimos años, la escalada de la crisis económica ha llegado a tal punto que ya no pueden ir de la mano, porque sencillamente no hay recursos suficientes para todos los que lo necesitan», explica Lacave.

La nueva situación se traduce, prosigue Lacave, «en que ahora los oncólogos de la sanidad pública se ven obligados a renunciar a los tratamientos de vanguardia que son caros y que están en fase experimental, que antes sí se aplicaban a través de la denominada "vía compasiva"». Una actitud que «es lógica si queremos atenernos al principio de justicia, que sigue en pie, pero del que se deriva que ya no sea posible aplicar algunos tratamientos experimentales que, en efecto, podían propiciar un aumento de la supervivencia».