Oviedo, E. G.
El Tribunal Supremo acaba de dar la razón a la enseñanza concertada en su reclamación del cobro de la llamada paga de los 25 años. En su día el Principado reclamó ante los tribunales para no tener que abonar esa paga, una especie de premio de permanencia profesional que consiste en cinco mensualidades (una por quinquenio trabajado).
El Supremo, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, niega a la Administración regional su capacidad para impugnar el convenio, firmado en su día por los sindicatos y la patronal del sector, lo que abre la puerta para el pago de esas cantidades que afectan a un número indeterminado de profesores, probablemente menos de trescientos.
La impugnación del Principado motivó un tapón de cinco años en el pago de estas cantidades. Ahora la Administración deberá pactar un calendario de abono. Los sindicatos de la concertada esperan una reunión con los responsables de la Consejería de Educación que se celebrará casi con toda seguridad antes de fin de mes.
Por otra parte, la junta de personal docente no universitario de Asturias se puso ayer seria y comunicó a la consejera Ana Isabel Álvarez que si antes del día 31 de este mes no hay convocatoria de la mesa sectorial de educación «procederemos a interponer la correspondiente denuncia ante los tribunales de justicia».
La resolución fue aprobada por unanimidad y, por tanto, con el visto bueno de los cinco sindicatos con representación en la junta de personal. Una decisión que se produce ocho meses después de las elecciones autonómicas. El pleno de la junta de personal ya había aprobado la reclamación inmediata de la mesa sectorial en el pasado mes de octubre. Desde entonces los sindicatos esperan, infructuosamente, la convocatoria de lo que consideran el espacio natural de negociación. «La Consejera dijo entonces que la mesa sectorial sería constituida en el menor plazo posible, y que sería promovida por la propia Administración».
La junta de personal acordó ayer igualmente reclamar una oferta pública de empleo docente «que permita la convocatoria del cien por cien de las vacantes existentes» y demandar un plan de choque inmediato de infraestructuras en el sector. La junta rechaza «cualquier tipo de recorte que menoscabe la atención al alumnado». Educación presentó un proyecto de presupuestos con un aumento de casi el dos por ciento.
