Oviedo, Eduardo GARCÍA
La reforma de la ley del aborto, tal como fue planteada ante los medios de comunicación por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, huele a anticonstitucional. La pretensión del Gobierno de que las adolescentes de 16 y 17 años puedan abortar sólo si hay consentimiento paterno puede ir contra el artículo 10 de la Constitución española, que se refiere, entre otras cosas, a «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad».
El notario asturiano Ángel Aznárez está convencido de que si el Ejecutivo insiste en la regulación jurídica de ese consentimiento paterno «acabará encontrándose con que el Tribunal Constitucional declarará la ley nula porque atenta contra derechos fundamentales. Es un disparate exigir el consentimiento».
Aznárez cree que la propuesta de Gallardón es «aberrante», porque «existe un núcleo de actos que tienen que ver con lo más profundo de la persona y en los cuales no cabe el consentimiento».
No lo hay, por ejemplo, para casarse. Los adolescentes de 16 y 17 años lo pueden hacer libremente si están emancipados. Y a partir de los 14 años es el juez el que decide. «El padre es oído, pero no consiente». En el caso de un menor no emancipado, el juez le dispensa o no el impedimento de la edad, atendiendo a sus circunstancias. En el matrimonio canónico la dispensa la levanta el obispo, no los padres.
Lo mismo ocurre con el testamento, que todo menor puede llevar a cabo a partir de los 14 años. «El aborto es tanto o más personal que el matrimonio o el testamento. La Constitución habla de la dignidad de la persona y, por tanto, las limitaciones tienen que ser muy restrictivas, porque hablamos de derechos muy privados. En ese núcleo de derechos íntimos no puede haber veto», explica el notario gijonés.
El Ministerio de Justicia ha puesto el asunto sobre la mesa, lo que ha provocado esta semana el recrudecimiento de una polémica que viene de lejos. Desde Justicia se ha señalado que sólo ha sido una declaración de intenciones del Ministro y que falta un estudio más profundo. «Lo normal -señala el jurista asturiano- sería encontrar un procedimiento que no signifique el derecho de veto del padre» ante la pretensión de su hija menor de edad de interrumpir su embarazo.
Ángel Aznárez, que se declara, como cristiano, no partidario del aborto, añade que «el menor de 16 y 17 años no es ningún incapaz, sino alguien con un ámbito de autonomía personal muy grande».
El Gobierno del PP quiere introducir cambios en la ley de plazos socialista, de 2010, promovida un año antes por la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído, por la cual una menor puede abortar libremente dentro del plazo legal, y alegar peligro de coacción o violencia familiar para evitar que sus padres sean informados de la interrupción del embarazo. La restauración del permiso paterno fue una propuesta electoral del actual partido en el Gobierno. Ahora le resta evitar un choque con la Carta Magna común.
