Un rato antes de ser elegido secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba cosechó aplausos al advertir de que su partido se planteará revisar el Concordato España-Santa Sede que se firmó en 1978. Desconocemos si tal afirmación inclinó la balanza a favor del ex ministro del Interior en la votación de los delegados, pero ahora mismo no es más que un brindis al sol, aunque también se trata de una idea tan difusa como arraigada en el socialismo inaugurado por José Luis Rodríguez Zapatero.

Difuso porque el Concordato posee rango de tratado internacional y denunciarlo supone tener otro pactado de antemano, so pena de dejar a España en ese pequeño grupo de países -deben de ser media docena- que no mantienen relaciones con el Vaticano. Esto sería inconcebible. Ahora bien, en cuanto a los contenidos revisables, el grueso de éstos no parece problemático. ¿Sería compatible que el PSOE defienda una ley de muerte digna con que retirase los capellanes católicos de los hospitales? ¿O que el Estado dejara de reconocer los efectos civiles del matrimonio católico?

Otras cuestiones, como la exención del IBI de los edificios eclesiásticos, tendría otro cariz y su anulación ha sido requerida recientemente por IU, a la vista de los ajustes de la crisis. No obstante, habría que ver si una situación coyuntural -aunque lamentablemente duradera- es motivo suficiente para anular una medida que estableció el Estado con la Iglesia para compensar las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XIX. Se podría incluso juzgar si ya ha pasado el tiempo suficiente y la compensación está cubierta, aunque estas cuestiones son larguísimas (Alemania terminó de pagar las compensaciones por la Primera Guerra Mundial en 2010).

Así pues, denunciar el Concordato es asunto difuso, aunque hay que reconocer que muy arraigado en el zapaterismo, que no se distinguió ni antes, ni durante, ni después del estallido de la crisis en 2008, por la sabiduría en la gestión económica del país. Al contrario, desde que Zapatero puso su pie en la Moncloa en 2004 se presentó como un gran reformador social que colocaría a España como país más avanzado y progresista del mundo. Su discurso social se tradujo en mayor o menor medida en normas promulgadas como la del matrimonio homosexual, el aborto, el divorcio exprés o Educación para la Ciudadanía, y dejó en el tintero la ley de la eutanasia o la gran reforma con respecto a la Iglesia católica y su separación del Estado (algo también muy difuso, ya que hubiera requerido reformar la Constitución, que establece «cooperación» y no separación neta, según el modelo francés).

Ahora bien, Rubalcaba justificó en su discurso preelectoral la denuncia del Concordato en cuanto que considera que el Gobierno del PP hará retroceder a España «treinta años» en materias sociales. Evidentemente es una referencia a la modificación del aborto anunciada por el ministro Ruiz-Gallardón, que dejará la norma en términos aproximados a la ley de 1985. Esto lo interpreta ya el PSOE como un triunfo de la Iglesia católica española, al igual que sucede con la retirada de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Esta sensación de que Gobierno e Iglesia vuelven a ir de la mano no es del todo cierta. De hecho, los obispos pedirían más al Ejecutivo, por ejemplo, derogar cualquier legislación del aborto, o reformar el matrimonio homosexual, o dar cobertura económica a la educación católica equiparable a la estatal. Sin embargo, esa impresión, también difusa y arraigada, de que la Iglesia sintoniza con gobiernos de derecha y sufre con los de izquierda tiene en España dos siglos de vigencia. Demasiado tiempo para poder cambiarlo.