Oviedo, Eduardo GARCÍA

La Consejería de Bienestar Social pretende dar un vuelco a la gestión del transporte adaptado para los usuarios de los centros de ayuda para la integración (CAI) y busca ceder el servicio al Consorcio de Transportes del Principado de Asturias. Los planes del departamento de Paloma Menéndez han generado todo tipo de recelos en las asociaciones de la discapacidad, que en su mayor parte gestionan los transportes adaptados a sus socios. La medida afectaría a varios cientos de personas que diariamente son trasladadas entre sus domicilios y los CAI.

Paloma Menéndez escuchó las dudas en vivo y en persona en los locales de FEAPS, la Federación de Asociaciones de Discapacitados Psíquicos, que agrupa a 19 colectivos y tiene más de mil doscientos usuarios. La Consejera se desplazó hasta su sede para explicar que el proyecto está aún en estudio, que se hizo un planteamiento al Consorcio de Transportes y que la Administración regional está a la espera de que el consorcio traslade una oferta económica por el servicio.

José Luis Crespo, presidente de FEAPS, alberga muchas dudas de que el precio del transporte a través del consorcio sea menor que el actual, y ha planteado a la Consejera algunas dudas:

«¿Se van a utilizar los mismos autocares para dar servicio a varios centros? Y si es así, ¿cuánto tiempo van a estar en los vehículos personas con discapacidad? En resumidas cuentas, se quiere hacer un servicio más económico, pero ¿a costa de qué?».

El gasto de transporte es abultado. Solamente FEAPS cuenta con unos 380 usuarios en los Centros de Ayuda para la Integración, buena parte de los cuales tienen que ser trasladados con transporte adaptado. Y FEAPS sólo es una parte del CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que agrupa en Asturias a ocho colectivos y sesenta asociaciones.

«Si el Consorcio de Transportes se hace cargo de los traslados, qué pasa con los vehículos que las asociaciones han comprado y adaptado para el transporte de sus usuarios, y con el personal contratado», se pregunta también José Luis Crespo.

La polémica tiene lugar a un mes vista de las elecciones regionales del 25 de marzo, lo que deja en suspenso cualquier estrategia al respecto. El transporte está incluido en la ley de Dependencia, y Bienestar Social abona una cantidad a cada usuario de los CAI, que incluye el comedor y el autocar: 600 euros al mes para el discapacitado de grado 3, quinientos para el de grado 2 y 400 mensuales para el de grado 1.

Las reticencias de FEAPS hacia el nuevo modelo propuesto no sólo son económicas. «Hay un problema de calidad de transporte, pero también de calidez», señala Crespo. «El transporte también hay que utilizarlo como una forma de comunicarse con personas que son vulnerables y que necesitan apoyo».