Madrid / Oviedo, Agencias / P. Á.

El Gobierno y las comunidades autónomas suscribieron ayer la «hoja de ruta» del pacto por la sanidad, un acuerdo que incluye el consenso sobre el calendario vacunal, la tarjeta sanitaria común y la creación de una red que determinará una «nueva» cartera de servicios única para todo el territorio nacional.

Así lo anunció la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tras el primer consejo interterritorial de salud celebrado en esta legislatura, el número cien desde la creación de este órgano. Después de años de reuniones tempestuosas, el absoluto dominio del PP (que gobierna 13 de las 17 autonomías españolas) dio paso a un clima de consenso sin apenas discrepancias.

Según Mato, se alcanzó un primer acuerdo sobre las edades y fechas en que se administrarán las vacunas infantiles, aunque no será hasta 2013 cuando se determine cuáles de ellas serán comunes para todas las regiones. «Ningún niño va a dejar de recibir una vacuna si es buena para su salud, recibirán todas las que sean necesarias y de manera igual en todas las comunidades autónomas», subrayó la Ministra. El encuentro sirvió, asimismo, para pactar la compra centralizada de cinco millones de dosis de vacunas de la gripe, a la que se han adherido 14 comunidades, y también la adquisición conjunta de las vacunas infantiles, que supondrá un «importante ahorro» y al menos una inversión de 200 millones de euros en prevención.

Entre tanto, la tarjeta sanitaria, que será interoperable en todas las autonomías del país, empezará a emitirse antes de finales de 2012. A ella se incorporarán cuatro millones de ciudadanos anualmente, según vayan procediendo a su renovación.

La «nueva cartera» de servicios de la sanidad pública se decidirá a través de la Red Española de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del Servicio Nacional de Salud, que determinará qué tratamientos financia la sanidad pública y cuáles no, en función de su coste-eficacia. Se trataría de «trabajar en red como una sola unidad» -indicó la Ministra-, de forma que se consensúe la incorporación de nuevas tecnologías y prestaciones y se revisen las ya existentes, siempre bajo un criterio científico y de eficiencia.

Todas estas medidas, precisó Mato, van encaminadas a «garantizar la sostenibilidad» de la sanidad, teniendo como eje la garantía de unos servicios sanitarios «gratuitos y universales en todos los lugares de España», con independencia del lugar donde se resida. «Las fórmulas de financiación y sostenibilidad las decidiremos entre todos en el seno del Consejo Interterritorial», agregó la Ministra, quien reconoció que actualmente no existe una cartera básica para toda España porque difiere en cada comunidad.

Respecto a la tarjeta sanitaria, Mato aclaró que «no será única, pero sí interoperable», lo que significa que será «compatible con todos los sistemas», al incorporar un número o código vitalicio para cada persona, que podrá ser atendida con ella en cualquier lugar de España. Éste será el primer paso para desarrollar la historia clínica y la receta electrónicas. Servirá también para formar parte del proyecto de tarjeta única europea.

El Consejo aprobó el «reconocimiento mutuo» de certificaciones y autorizaciones, para eliminar las trabas actualmente existentes para las empresas y profesionales que trabajan en el sector sanitario.

Ante la situación de crisis económica y la amenaza de recortes en las prestaciones sanitarias, la titular de Sanidad quiso trasladar un «mensaje de confianza y tranquilidad en el futuro» a los españoles sobre la continuidad y sostenibilidad de este «gran servicio público». Según Mato, se han constituido los grupos de trabajo en favor del pacto por la sanidad y los servicios sociales, formados por personal técnico «altamente cualificado». Se encargarán de plantear las «mejores propuestas» para conseguir una Sanidad pública «cada vez más cohesionada y eficiente», apostilló la Ministra.

La reunión sirvió para dar luz verde a un protocolo para la extracción, seguimiento y sustitución de las prótesis mamarias Poly Implant Prothèse (PIP), que deberá ser aplicado por los profesionales y centros sanitarios con el objetivo de ofrecer las máximas garantías a las afectadas por los fallos de estas prótesis. A día de hoy, enfatiza el Ministerio, «no hay evidencia que vincule las prótesis PIP con el desarrollo del cáncer».

Tras la plenaria del Consejo Interterritorial, las 13 comunidades del PP que participaron en la misma se felicitaron de que por fin haya llegado la «cohesión» al Sistema Nacional de Salud, tras años de «heterogeneidad» con el Gobierno del PSOE, que ha dejado una deuda de 15.000 millones de euros.

Entre tanto, la consejera de Salud andaluza, la socialista María Jesús Montero, criticó algunas de las propuestas planteadas en el Consejo Interterritorial, entre ellas el establecimiento del denominado calendario básico de vacunación que, según señaló, «no es un calendario único», puede llevar a errores de comprensión y no cambiará «nada».