Con motivo del 8 de marzo, y en torno a estas fechas, se produce en Nueva York la reunión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición de la Mujer. Este año, el pasado 29 de febrero, se celebró la 56.ª edición, que trataba sobre «el empoderamiento de las mujeres rurales y su rol en la erradicación de la pobreza y el hambre, el desarrollo y los desafíos actuales».

En este foro, tuvimos la oportunidad de celebrar una sesión conjunta de la Unión interparlamentaria y de ONU Mujeres sobre el «empoderamiento de las mujeres rurales y el papel de los parlamentos».

Las mujeres del mundo allí reunidas concluimos, una vez más, que la actividad de las mujeres en el medio rural y, concretamente, en la agricultura siempre ha sido y es intensa; pero, sin embargo, su trabajo sigue siendo invisible, al no gozar de reconocimiento jurídico, económico y social. De ahí la necesidad de dar un impulso a la iniciativa de las mujeres en un medio que sin ellas dejaría de existir.

Efectivamente, en el mundo desarrollado existe el problema de la desertización del medio rural cuando las mujeres optan por el éxodo y, ante la falta de perspectivas, abandonan los pueblos. Un problema que en Asturias conocemos bien. Y en los países empobrecidos o en desarrollo el papel de las mujeres en el medio rural es fundamental para la mera subsistencia de la vida en los pueblos, pues es sobre ellas sobre las que principalmente recae la responsabilidad de los cultivos y de solucionar los problemas de hambre y supervivencia. Aunque las realidades sean muy diferentes, los problemas de las mujeres suelen ser muy comunes. Por eso es fácil llegar a acuerdos en una serie de medidas que llamamos agenda común.

Hemos hablado de la necesidad de mantener cuotas de presencia de mujeres en las candidaturas locales. Tener presencia en los ayuntamientos es fundamental para que las mujeres puedan resolver desde las instituciones los miles de problemas que obstaculizan el asentamiento y la actividad económica de las mujeres en el medio rural. También la instalación de servicios básicos en materia sanitaria o educativa o de distribución de productos o alimentos. Debatimos también de la titularidad de las explotaciones agrarias y de la propiedad de las mismas. Y de la formación para emprender nuevas actividades y de los medios para conseguir financiación.

En definitiva, efectivamente son distintos los niveles, pero los problemas y soluciones suelen ser comunes. Desde la experiencia de España pudimos dar a conocer tres leyes que nos parecen importantes para avanzar: la ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, la ley de Desarrollo Rural y, sobre todo, la última en entrar en vigor, la ley 35/2011 sobre Compartida de las Explotaciones Agrarias, de gran interés para muchas zonas del mundo allí presentes.

Hemos tratado de manera directa los avances de los últimos años, sobre todo, desde 1995 con la Asamblea mundial celebrada en Pekín. Pero también ha habido alertas sobre el riesgo de retrocesos. Curiosamente, las alertas han sido manifestadas más por los países desarrollados, como Suecia.

En el contexto español, tenemos que estar vigilantes, porque muchos de los pasos que hemos dado en los últimos años, hoy, efectivamente, corren riesgos. Y mientras en Bruselas están planteando cuotas obligatorias para tener de una vez presencia real en los consejos de administración, aquí, desde el Gobierno, se vuelven a poner en cuestión derechos fundamentales de las mujeres asentados en las leyes y asumidos ampliamente por la sociedad. Sinceramente, creo que no debemos permitirlo.