Oviedo, Eduardo GARCÍA

El sector privado de las residencias y centros de día para mayores no sólo no es un negocio, sino que está en plena crisis. La consejera de Bienestar Social, Paloma Menéndez, lo sabe y ayer se lo recordaron. Menéndez presidió la apertura de la asamblea general de la Asociación Asturiana de Centros y Servicios (ASACESEMA), una de las tres que operan en el Principado.

En 2011, en torno a una docena de residencias y centros de día han tenido que cerrar sus puertas. Ana Gil, presidenta de ASACESEMA, calcula que «al menos un diez por ciento de las plazas están vacías... y subiendo. Entre otros motivos porque la Administración se lleva a los usuarios».

La Consejera llegó, se sentó, dio las gracias, habló durante dos minutos y medio y se marchó. Presentó al equipo de la Inspección de Bienestar Social, presidido por el jefe de servicio, Julio Martínez, que se sometió a las preguntas de los aproximadamente sesenta directores de centros geriátricos asturianos. «Es la primera vez que tenemos una reunión de este estilo» aseguraba Ana Gil.

Los precios de la concertación de plazas residenciales a ancianos no cubren en muchos casos los costes. Es una reclamación del sector, que se consolida con los tiempos de vacas flacas. La Administración asturiana paga algo más de 1.400 euros por una plaza de dependencia de un paciente de grado 3. Es la cantidad máxima. «Se pierde dinero», aseguran fuentes de la Asociación de Centros.

Lo que se pierde se compensa, en el mejor de los casos, con otras plazas privadas. El desfase entre coste de plazas y precio pagado por la Administración viene, recuerdan los más veteranos empresarios del sector, desde la época de Sergio Marqués como presidente del Principado. La Consejera prometió un esfuerzo de adecuación, pero todo queda en agua de borrajas, dados el escenario y las circunstancias. Ni la Administración regional tiene dinero, ni el Principado tiene Presupuesto, ni se sabe qué va a pasar dentro de unos días, tras las elecciones, en Asturias. Como para hacer planes.

Inspectores y empresarios analizaron ayer en el auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo, los últimos cambios normativos, el decreto 43/2011 de mayo del pasado año, apadrinado por la anterior Administración. Desde el 1 de diciembre pasado la norma obligaba a aumentar un 20% las plantillas de los centros. El cambio de color político en el Gobierno regional paralizó aquella obligación, aunque sigue su trámite un recurso de los empresarios ante los tribunales.

Los empresarios piden a la Inspección «criterios homogéneos» a la hora de evaluar: «que todos los inspectores apliquen la normativa por igual a todos los centros», en palabras de la propia Ana Gil, para quien la Administración «se ha convertido en nuestro mayor competidor» a la hora de captar usuarios.

Y de paso también piden flexibilidad antes de imponer sanciones por cuestiones tan aparentemente banales como el color de las paredes o el tamaño de las letras de los carteles internos.

Hay en Asturias unas cinco mil plazas geriátricas dependientes de forma directa de la Administración regional, y otras cuatro mil en centros privados. Según cálculos del sector, unas dos mil plazas pueden estar en estos momentos vacías. Y cuando eso ocurre -se pregunta Ana Gil y con ella la mayor parte de los empresarios privados en Asturias- ¿qué hacer con las plantillas?

Uno de los problemas del sector en Asturias es la atomización asociativa. Funcionan tres asociaciones empresariales de centros de mayores, lo que resta fuerza a las reivindicaciones.

La paradoja es que con casi diez mil personas en las listas de espera de la dependencia en Asturias haya habitaciones libres en los centros residenciales. Hoy en día unos 4.900 asturianos están pendientes de que se les haga el plan individualizado de atención, el PIA, mientras que otros 5.400 aproximadamente esperan la concreción y la concesión de las prestaciones a las que tienen derecho. Atasco monumental.