El Senado pidió ayer al Gobierno que adopte medidas para impulsar la atención a las personas afectadas por las adopciones irregulares en los casos de bebés robados y para coordinar las labores de investigación entre los distintos colectivos. La iniciativa partió del PNV, aunque el Pleno del Senado aprobó finalmente un texto pactado por todos los grupos, que reclama al Ejecutivo el apoyo a las asociaciones de víctimas, «que serán imprescindibles en los procesos de reparación social y judicial». Además, la Cámara Alta solicita la coordinación de las unidades de Policía judicial y de cualquier otro colectivo implicado en las investigaciones con los tribunales.