Oviedo, E. G.
La procuradora general del Principado, María Antonia Felgueroso, tiene sobre la mesa nuevas denuncias referentes al sector de atención a personas con discapacidad. Una delegación del sindicato FETE-UGT, encabezada por su secretario general, Daniel Rodríguez, alertó a la Procuradoría de la necesidad de un desarrollo normativo autonómico para los colegios de educación especial, que en muchos casos siguen rigiéndose por normas anteriores a las transferencias autonómicas, hace ya más de diez años. «Se están dando situaciones anómalas e incluso de agravio comparativo entre trabajadores y entre centros», señala el sindicato.
Se pide igualmente que los educadores de los centros privados de apoyo a la integración (pisos, viviendas tuteladas o residencias) tengan similares condiciones de cualificación y categoría laboral que sus compañeros que desempeñan la función profesional en centros públicos.
UGT denuncia desventajas evidentes en las condiciones del convenio laboral de los trabajadores con discapacidad que trabajan en los centros especiales de empleo.
«Hemos solicitado a la Procuradora», asegura Daniel Rodríguez, «que en la medida de lo posible vele por los intereses de estas personas, trabajadores que por sus circunstancias personales son potencialmente más vulnerables ante la crisis». Se pide, asimismo, una actuación especial por parte de la Procuradoría General del Principado en beneficio de los 85 trabajadores de APTA afectados por un ERE de extinción «por si fuera posible en alguna medida apoyar su reinserción laboral».
