Oviedo, Eduardo GARCÍA

Esto se veía venir. Las conclusiones del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), planteadas anteayer por la ministra de Sanidad, Ana Mato, no dejan lugar a dudas: el modelo de la Dependencia está herido de muerte.

Para el presidente de la Plataforma de Afectados por la Dependencia en Asturias, Alberto Zurrón, «estamos ante una derogación encubierta y paulatina de la ley de Dependencia, que empezó ya el año pasado con la moratoria de acceso a los beneficios contemplados por dicha ley a los dependientes moderados».

Ante la situación planteada, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Asturias celebró el comité ejecutivo, que su máxima responsable, Mónica Oviedo, calificó de «intenso». No hubo declaraciones, pero CERMI Asturias sacará dentro de unos días una nota oficial.

La presidenta de la Asociación Asturiana de Centros y Servicios a Mayores (Asacesema), Ana Gil, manifestó ayer que «cuando se aprobó la ley se sabía que no iba a haber dinero para ella. Se crearon unas expectativas excesivas, se hablaba de crear trescientos mil puestos de trabajo en el sector, y aquello se quedó en casi nada».

El Gobierno de la nación constata lo que este sector llevaba tiempo asumiendo: la financiación de la Dependencia hace agua, los cálculos del número de dependientes se vieron desbordados, los plazos para la valoración de grado y nivel se eternizan, cada comunidad autónoma va por su cuenta (y riesgo) y las prestaciones no son unitarias. Con 17 sistemas distintos de Dependencia, tan sólo en el último año el país perdió más de ocho mil puestos de trabajo en el sector de los Servicios Sociales. Y todo ello en medio de la crisis.

«El modelo va a tener que modificarse desde las bases. Si no hay subvenciones suficientes para dotarla, la ley de la Dependencia está abocada a convertirse en algo sencillamente inviable», asegura Alberto Zurrón.

En Asturias unas seis mil personas dependientes esperaban en el pasado mes de marzo su plan individualizado de atención, el conocido como PIA, y otras 4.300 estaban a la espera de la tramitación del expediente para la valoración de grado y nivel. Baja levemente esta última estadística, pero amenaza con aumentar la primera, que es donde en Asturias y en otras comunidades se está produciendo un atasco notable.

En total hay en el país unas 752.000 personas atendidas por la ley de la Dependencia, de las que casi 425.000 reciben cuidados familiares.

Ana Gil ve en esta última estadística un motivo de preocupación: «Es la opción más barata, la cultura del subsidio y, para muchas familias en tiempos de dificultades, una paga más en casa». Pero esta opción crea pocos puestos de trabajo y en algunos casos no garantiza el buen cuidado del enfermo.

A fecha de 31 de diciembre, más de un millón y medio de personas habían presentado en España una solicitud de dependencia, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De ellos algo más de un millón fueron reconocidos como beneficiarios de la ley, y los ya referidos 752.000 ya se encontraban atendidos por alguno de los servicios, incluyendo la atención residencial, los centros de día, la teleasistencia y la ayuda a domicilio, además de las familias y cuidadores privados.

«O se reducen prestaciones o el sistema desaparece», a juicio del presidente de la Plataforma de Afectados por la Dependencia en Asturias, Alberto Zurrón. «Por cada euro invertido en la ley de la Dependencia tan sólo revierten a la Administración unos 40 céntimos», recuerda Ana Gil, responsable de una de las tres asociaciones de establecimientos residenciales que funcionan en el Principado. Sabemos que la ley de la Dependencia genera mucho gasto, pero ahora también sabemos que el modelo no es capaz de generar riqueza suficiente, sobre todo en materia de puestos de trabajo.

La ley de la Dependencia se aprobó en 2006, con unos 7,5 millones de españoles por encima de los 65 años. En 2012 se ha superado la barrera de los ocho millones, y en 2020 se llegará a los nueve. Para el año 2040 los españoles dentro de lo que se da en llamar «tercera edad» se aproximarán a los catorce millones. La Dependencia está ligada no exclusiva pero sí principalmente a ese tramo de edad por encima de los 65 años, lo que da una idea de lo que se avecina.

Para Alberto Zurrón, el «desmontaje» del sistema en toda regla comenzó con el recorte de los 283 millones de euros que transfiere el Gobierno central a las comunidades autónomas para completar la financiación del sistema de atención a la dependencia.

«En las actuales circunstancias, con la parálisis del Gobierno regional, no sería extraño que Asturias dejara de pagar también su parte del convenio».