Madrid / Oviedo, M. S. M.
El Gobierno aprobó ayer un decreto ley que permitirá que el Congreso de los Diputados nombre al presidente de RTVE por mayoría absoluta, y no por dos tercios, lo que habilita al Grupo Popular para elegir al presidente solo con sus votos y sin necesidad de pactar con el principal grupo de la oposición (PSOE).
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer tras el Consejo de Ministros que el Gobierno aprobó este decreto ley para resolver el bloqueo que sufre la Corporación RTVE ante la vacante de presidente, que dimitió la pasada legislatura, y ante la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios para sustituirlo.
La ministra portavoz anunció además que el número de consejeros de la Corporación se reducirá de 12 a 9 y que no tendrán dedicación exclusiva, ni asignación salarial, salvo lo que perciban en concepto de dietas por asistir a las reuniones. La única excepción la constituirá el propio presidente de la Corporación. Santamaría señaló que el sueldo de cada uno de los consejeros ascendía a 110.000 euros anuales.
El decreto aprobado ayer modifica la ley de 2010, en función de la cual se nombró con los votos de PSOE y PP a los dos anteriores presidentes de RTVE y no exige consenso para el nombramiento, aunque Soraya Sáenz de Santamaría insistió en que seguirán buscando el acuerdo de dos tercios.
Con esta modificación de la ley, el PP dinamita uno de los avances más significativos en la historia de la televisión pública. En 2006, la ley de reforma de RTVE suprimió la designación por el Gobierno del presidente de la radiotelevisión estatal y dejó el nombramiento en manos del Parlamento.
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, calificó de «golpe de mano» y «golpe institucional» del Gobierno el cambio de método para nombrar al presidente de RTVE, y afirmó que esto pone «fin a la televisión plural».
Nada más conocerse el decreto, Valenciano criticó duramente esta decisión desde su cuenta de Twitter. En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario de organización del PSOE, Óscar López, que considera la reforma «intolerable» por entender que con este nuevo modelo «se busca dejar fuera a la oposición y volver a la televisión del pasado, del PP».
Desde la Ejecutiva del PSOE anunciaron que se estudiará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto. El comunicado subraya que no hay razones de urgencia que justifiquen la aprobación de estos cambios por decreto ley, una iniciativa que califica de «injustificable».
El coordinador de IU, Cayo Lara, tildó lo sucedido de «involución democrática» y advirtió que el decreto supone la recuperación de la figura del «comisario político» a las radios y televisiones públicas.
A su juicio, la reforma deja «las manos libres al PP para actuar según su conveniencia» y acaba con el consenso «que tanto demandó en legislaturas anteriores».
