Madrid / Oviedo, Efe / P. Á.

Los pensionistas serán quienes decidan cómo quieren cobrar el dinero que adelanten al pagar el 10 por ciento de sus medicinas, una cantidad de la que se les devolverá lo que exceda de un máximo de 8 a 18 euros al mes, en función de su renta. Así lo explicó la directora general de Cartera de Servicios y de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Sagrario Pérez Castellanos, al ser preguntada sobre una cuestión que inquieta a los jubilados: cómo recibirán este dinero una vez que se ponga en marcha el nuevo sistema de copago farmacéutico, a partir del próximo 1 de julio.

«La opción es del usuario: será quien decida en último término cómo quiere que se produzca la devolución», señaló Pérez Castellanos, quien agregó que «lo ideal» sería que «diera una cuenta bancaria» para que este montante «se pudiera ingresar de forma automática», pero también se le podrá «dar en mano».

La responsable de Farmacia efectuó una defensa del sistema de protección de datos del Ministerio de Sanidad, porque es «el más potente» al contener información confidencial «muy sensible» relacionada con la salud de los pacientes. No obstante, insistió en que «el usuario es el que va a decir: "Oiga, pues yo prefiero venir en persona y no quiero dar mi cuenta bancaria"», de modo que estas personas tendrán una oficina o un servicio para que se les devuelva el dinero. Los pacientes también podrán decidir cada cuánto tiempo quieren que se les hagan los ingresos, aunque el reembolso se producirá en un máximo de seis meses. Según la directora general, existirá la posibilidad de cobrar mensualmente o también de «acumular» y recibir el dinero adeudado cada tres meses o cuando el paciente lo considere conveniente.

De otra parte, los médicos de familia advirtieron ayer de los riesgos sanitarios de dejar a los inmigrantes irregulares sin el acceso a una asistencia continuada, ya que restringir su atención a través de las urgencias puede generar mayores gastos y dificultar el control de enfermedades transmisibles como la tuberculosis.

Ésta es la postura expresada ayer por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), que aglutina a más de 20.000 profesionales de atención primaria y que rechaza la decisión del Gobierno de limitar el acceso a la sanidad a los inmigrantes «sin papeles». Con la reforma de la normativa, subrayan los médicos, se quiere mantener únicamente el acceso gratuito a menores, embarazadas y las urgencias. A juicio de estos profesionales, la atención urgente a niños y a embarazadas es una «atención de mínimos», que puede suponer una acumulación de la mayor parte del gasto, ya que la atención hospitalaria es más cara que la de atención primaria.