Madrid / Oviedo, Agencias / P. Á.

La Confederación de Sociedades Científicas de España, la Federación de Jóvenes Investigadores, la Plataforma de Investigación Digna y Comisiones Obreras han difundido una carta abierta por la ciencia en España, con el objetivo de evitar una nueva reducción de la inversión en I+D+i y una fuga de cerebros multigeneracional. La misiva fue colgada ayer en la página de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) -www.cosce.org- y ha sido suscrita ya por más de 400 investigadores. El documento será entregado, junto con los nombres de los firmantes, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado.

«En las próximas semanas, y a pesar de la recomendación de la Comisión Europea de que los recortes para controlar el déficit público no afecten a la inversión en I+D+i, el Gobierno y las Cortes Generales podrían aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que dañarían a corto y largo plazo al ya muy debilitado sistema», señala la carta, según la cual un recorte de esta naturaleza «contribuiría al colapso» del sistema. «Esto implicaría el mantenimiento de un modelo económico obsoleto que ya no es competitivo y que es especialmente vulnerable a todo tipo de contingencias económicas y políticas», agrega la misiva.

Los científicos piden «evitar que se lleve a cabo una nueva reducción de la inversión en I+D+i» y subrayan que la financiación se ha recortado en un 4,2 por ciento en 2010, un 7,38 por ciento en 2011 y se baraja una reducción del 8,65 por ciento para este año. La financiación en I+D+i en 2010 fue del 1,39 por ciento del PIB y en 2011, estiman, del 1,35 por ciento, lejos de la media de los 27 de la Unión Europea, situada en el 2,3 por ciento. A juicio de estos colectivos de investigadores, la inversión ha de ser estable e independiente de ciclos políticos y económicos.

Los científicos reclaman que se incluya la I+D entre los sectores prioritarios, permitiendo una oferta de empleo público y posibilidades de contratación en organismos públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos. «Esto evitaría una fuga de científicos y personal investigador de la que el país tardaría décadas en recuperarse», aseguran los investigadores, quienes señalan que la intención del Gobierno es ofrecer cero plazas en 2012.

Para los firmantes del documento resulta urgente flexibilizar la contratación, pues de lo contrario el abandono de líneas de investigación supondrá una importante pérdida de inversión. Los científicos solicitan a los políticos coherencia porque no pueden hablar de cambio de modelo productivo basado en el conocimiento, «mientras que todos los pasos van en dirección opuesta».