Madrid, Europa Press
La Delegación del Gobierno en Madrid ha resuelto ayer prohibir la manifestación convocada para el próximo Jueves Santo por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) y por la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés, «por su evidente voluntad de provocación» a los católicos, «sin perjuicio de que se comunique otra fecha en la que no concurran las circunstancias expuestas en la resolución», ha informado en un comunicado la institución que dirige Cristina Cifuentes.
La resolución se basa, entre otros motivos, «en la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa de los católicos que tradicionalmente celebran en esta zona sus procesiones de Semana Santa y en la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, con peligro real para la integridad física o moral de las personas, y la integridad de bienes públicos o privados».
El escrito de comunicación presentado el 6 de marzo en la Delegación por los convocantes, señala, entre otras cuestiones, que el objetivo del acto conocido como manifestación atea es «sensibilizar a la población sobre el derecho constitucional de libertad de manifestación, la libertad de expresión y la obligatoriedad de que las instituciones protejan la aconfesionalidad del Estado».
El acuerdo de la Delegación del Gobierno que prohíbe esta marcha se fundamenta en los informes técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, la Jefatura de Policía y la Abogacía del Estado, que coinciden en que dicha protesta no debe llevarse a cabo «por el riesgo de que se produzcan alteraciones de orden público».
AMAL anunció posteriormente que no desconvocarán la manifestación y que estudiarán recurrir la prohibición ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El presidente de AMAL, Luis Vega, ha señalado que la prohibición es una «decisión política». También ayer la plataforma por la libertad religiosa Más Libres entregó a la Delegación del Gobierno más de 31.000 firmas contra la manifestación atea.
