Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
La Consejería de Sanidad del Principado ha cursado órdenes a sus servicios administrativos para que denieguen la tarjeta sanitaria a todos aquellos extranjeros extracomunitarios que carezcan de autorización de residencia. Con estas instrucciones, la Administración regional da cumplimiento a uno de los aspectos más controvertidos del real decreto ley impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy con el fin de reducir gastos en la sanidad pública.
La indicación de la Consejería a sus trabajadores admite que los propios responsables sanitarios se han topado con dificultades a la hora de interpretar la nueva normativa, lo que les ha llevado a plantear una serie de dudas al Ministerio de Sanidad. Estas preguntas aún no han obtenido respuestas.
El documento remitido por la Dirección General de Innovación Sanitaria reconoce que las autoridades sanitarias no disponen «de suficiente información para determinar el alcance completo» de la aplicación de la nueva normativa en lo relativo al Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (Sipres), la tarjeta sanitaria y los trámites de reconocimiento de asistencia sanitaria. La Administración autonómica se halla «a la espera de la publicación de los reglamentos» que desarrollen el citado real decreto.
En consecuencia, y hasta que lleguen las necesarias concreciones sobre el procedimiento que se debe seguir, Sanidad ha optado por «intentar no realizar ninguna actuación que pueda ser incorrecta». Esta actitud de prudencia es la que preside las instrucciones referidas a «todas las solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria como personas sin recursos económicos suficientes».
La primera indicación alude a las solicitudes actualmente en trámite. Y precisa que «se paralizará temporalmente la tramitación de todos los expedientes que aún no tengan firmada la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)», y ello «independientemente de la nacionalidad del solicitante». El documento señala que esta decisión «no supone en principio graves problemas para los solicitantes, que por serlo disponen provisionalmente de derecho a asistencia sanitaria». Esta indicación, prosigue la circular, «nos permitirá continuar la tramitación de la forma habitual o no una vez que sepamos con seguridad qué procedimiento seguir».
La segunda indicación se refiere a las nuevas solicitudes, las cuales «de momento seguirán recogiéndose en los centros de atención primaria (...) salvo para los extranjeros extracomunitarios sin autorización de residencia». A estos últimos «se les informará que no cumplen los requisitos vigentes y por tanto su solicitud sería denegada». Si, con todo, insisten en hacer la solicitud, «se recoge y se actúa como con el resto». En el caso de los menores de edad, se recogerán todas la solicitudes, señala la circular, que agrega que «cuando se trate de extranjeras embarazadas sin autorización de residencia, de momento se seguirá el procedimiento ya existente para los casos en que no hacían solicitud o no podían acceder como PSR» (personas sin recursos).
