Madrid, Efe
La Comunidad de Madrid, pionera en España en crear la figura del Defensor del Menor para velar por los derechos de los niños, cerrará la institución el próximo 1 de julio a causa de la crisis, que ha disparado el déficit y la necesidad de ahorro en la Administración regional. El Pleno de la Asamblea madrileña así lo acordó el jueves pasado, con los votos a favor del PP y UpyD y el rechazo de IU y PSOE.
Los populares justifican el cierre por motivos de ahorro y para evitar duplicidades. La diputada regional del PP Gádor Ongil considera que las funciones del Defensor del Menor pueden ser desempeñadas por el Instituto del Menor y la Familia (IMMF) -dependiente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales- y el Defensor del Pueblo estatal. Por el contrario, la diputada socialista Matilde Fernández y la diputada de IU Josefa Amat coinciden en señalar que el momento para suprimir la institución es «malo», ya que la crisis económica está haciendo crecer la pobreza en las familias, lo que afecta en gran medida a la infancia.
En sus tres lustros largos de actividad, la institución ha tenido tres responsables: el psicólogo Javier Urra; el ex delegado del Gobierno en Madrid y diputado regional del PP, Pedro Núñez Morgades; y el abogado Arturo Canalda, curtido en la política desde las filas del PP en los gobiernos central y autonómico. Tanto Urra como Morgades consideran «dolorosa» su eliminación, pero mientras el primero sostiene que el Instituto Madrileño del Menor y la Familia y la Fiscalía de Menores «no podrá sustituir» al Defensor, el segundo «confía» en que los niños no quedarán desprotegidos.
No obstante, Javier Urra (defensor del menor de la Comunidad de Madrid desde su creación, en octubre 1996, hasta septiembre de 2001) «respeta» la decisión. «Fue la Asamblea de Madrid la que creó la institución y si ahora decide suprimirla por los recortes, sólo puedo respetar esa decisión», afirma Urra, quien agrega que el ahorro que supondrá la medida será «muy escaso». «A los trabajadores funcionarios habrá que recolocarlos, por lo que el ahorro va a ser muy poco», precisa.
En el ámbito estatal, España no dispone de una oficina específica encargada de velar por la infancia, si bien el Defensor del Pueblo, dentro de sus competencias, asume esta función, lo que ocurre también en algunas autonomías que tienen este órgano como Cataluña y Andalucía.
